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La efectividad del uso del poder aéreo en el marco de la intervención internacional dentro de conflictos internos en estados débiles durante la posguerra fría: el caso de sierra leona 1991 – 2002

The effectiveness of the use of air power in the context of post-cold war international interventions in the internal conflicts of weak states: the case of sierra leone, 1991-2002

rev.ciencia.poder.aereo. 8: 68-80, 2013

Recibido: 14/05/2013
Aprobado evaluador intemo: 28/06/2013
Aprobado evaluador externo: 8/08/2013

Camilo Vargas Betancourt³

Resumen

El poder aéreo, desde el apoyo logístico a operaciones militares hasta su uso como medio de combate contra enemigos, en todas sus facetas puede convertirse en elemento decisivo en confrontaciones armadas entre actores con poder militar limitado, como es el caso de guerras civiles en contextos de países en vías de desarrollo. Este artículo desarrolla un estudio de caso en torno al uso del poder aéreo durante la guerra civil en Sierra Leona (1991 – 2002). Al ser un país sin fuerza aérea nacional, este texto se pregunta sobre los intereses de la intervención internacional por medio del poder aéreo, y sobre sus consecuencias en la resolución del conflicto. Primero, el artículo hace un análisis histórico y teórico de las capacidades estatales del país. Posteriormente, estudia cómo estas condiciones son las causas estructurales de la guerra. Finalmente, analiza la intervención internacional, enfatizando en las características del poder aéreo utilizado y en la importancia que tuvo. Como conclusión, se determina la necesidad del poder aéreo para propósitos de corto plazo en intervenciones como la observada, pero se revela por qué no es el único factor necesario. También, se muestra el papel del poder aéreo en la resolución estructural del conflicto.

Palabras clave: Poder aéreo, conflicto, organizaciones armadas ilegales, intervención, Estado neopatrimonial, capacidad estatal.

Abstract

Whether used to provide logistical support for military operations or as a means to attack enemy combatants, aerial force in all its forms can be a decisive element in armed confrontations between actors with limited military capabilities, such as in civil wars in developing countries. This article conducts a case study of the use of aerial power during the civil war in Sierra Leone (1991-2002), a country without a national air force. The text opens a line of inquiry into the international aerial intervention, and the consequences of this intervention for the resolution of the conflict. First, the article presents an historical and theoretical analysis of the capabilities of the state of Sierra Leone, and studies how these conditions contributed to the structural causes of the war. Next, the text analyzes the international intervention, focusing on the characteristics and significance of the aerial forces employed. The article concludes by arguing for the necessity of aerial force in shortterm interventions such in the case of Sierra Leone; however, it also contends that aerial power is not the only necessary factor. Additionally, it demonstrates the role aerial force played in the structural resolution of the conflict.

Key Words: Aerial Force, Conflict, Illegal Armed Organizations, Intervention, Neo-Patrimonial State, State Capabilities.

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¹Artículo de reflexión, producto de un proyecto de investigación.
²Reflection, article of an research proyect.
³Politólogo e Internacionalista de la Universidad del Rosario. Máster en Política y Desarrollo en África y los Países del Sur, Sciences Po Bordeaux. Correo electrónico:
camilocol@gmail.com Political Science and International Studies, Universidad del Rosario. Master´s in Politics and Development in Africa and the Southern Hemisphere, Sciences
Po Bordeaux. E-mail: camilocol@gmail.com

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1. Introducción

El fin de la Guerra Fría ha implicado un tránsito desde el poder militar hacia el poder económico como elemento determinador del grado de potencia de un país en el Sistema Internacional. Por lo tanto, el énfasis sobre el cual está puesto el interés nacional de los Estados ha cambiado. Sin embargo, en las últimas décadas ha sido usual que la inestabilidad política dentro de países en vías de desarrollo termine por traducirse en amenazas a la seguridad o a los intereses políticos y económicos de potencias extranjeras, lo cual constituye el tipo de escenario en el que éstas han decidido emprender una intervención internacional.

El fin de la Guerra Fría y el hundimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) implicaron el súbito establecimiento del predominio de los Estados Unidos por encima de las demás potencias y Estados del Sistema Internacional; una situación que Richard Haass (2008) ha denominado como el “momento unipolar”. En este contexto internacional caracterizado por la existencia de una gran potencia militar y económica, una enorme potencia militar económicamente hundida, como Rusia, la cual está en proceso de recuperación y grandes potencias económicas de menor peso militar como Europa y potencias emergentes; la decisión de intervenir en medio de una guerra civil extranjera implica una racionalidad particular por parte de los Estados.

Reflejo de esto es que sólo un país como Estados Unidos se ha podido permitir el emprendimiento de costosísimas campañas militares intervencionistas del tipo de Afganistán e Iraq. El proyecto “Costos de la Guerra” realizado por el Watson Institute for International Studies de Brown University, situado en Providence, Rhode Island; calcula que entre 2001 y 2013 las operaciones militares de Estados Unidos en Afganistán, Iraq y Pakistán, efectuadas éstas últimas como extensión de la lucha contra los Talibanes y afganos, han costado 3,1 billones de dólares, lo cual equivale a cerca del 20% del PIB de Estados Unidos, del año pasado, el cual fue de casi 15 billones de dólares según el Banco Mundial. En cambio, en un mundo lleno de países con poder económico bastante significativo pero sin un poder militar tan amplio se ha planteado la cuestión que ya formulaba Joseph Nye a inicios de este milenio, a saber, si la geoeconomía había reemplazado a la geopolítica (2001, p. 83). Pues bien, lo que históricamente se ha visto en las últimas dos décadas es que los intereses políticos y económicos de potencias y organizaciones internacionales, se han visto inmiscuidos en medio de conflictos internos dentro de países con procesos inacabados de formación de las instituciones del Estado moderno.

En este contexto ha surgido el interés por intervenir en medio de una racionalidad según la cual incurrir los beneficios de esta acción deben corresponderse con costos reducidos. De acuerdo con esto, el presente artículo parte de cuestionarse acerca de cuál fue el tipo de cálculo realizado por los actores internacionales como las potencias occidentales u organizaciones internacionales, en el contexto de la posguerra fría, al momento de desarrollar sus políticas de intervención internacional.

Frente a esta cuestión, este artículo de reflexión se guiará de acuerdo con la hipótesis de que el uso del poder militar aéreo ha demostrado ser un instrumento eficaz y económico para que actores internacionales con poder militar aéreo e interesados por las regiones en conflicto, lleven a cabo una intervención militar efectiva en conflictos internos africanos, sin gastar demasiados recursos económicos, a fin de modificar el curso de la confrontación política armada en el corto plazo y así favorecer sus intereses a largo plazo en el país intervenido.

Partiendo de conceptos teórico políticos, geopolíticos y de las Relaciones Internacionales, este artículo de reflexión aplicará un estudio de caso sobre la intervención internacional de distintos tipos de actor internacional durante la guerra civil sierraleonesa entre 1991 y 2002. Para ello, se analizará inicialmente, cuál fue la causa del conflicto interno en un contexto que pudiera involucrar intereses extranjeros como para precipitar una intervención, en segundo lugar se evaluará qué tan decisiva fue realmente la intervención por medio del poder aéreo para la resolución del conflicto y la defensa de los intereses de los actores interventores.

En estas condiciones, Sierra Leona servirá como ejemplo para resaltar con mayor facilidad condiciones, históricamente arraigadas, comunes a los sistemas políticos africanos, cuya comprensión es necesaria para poder valorar el impacto y la eficacia de la intervención extranjera por parte de actores como las poten-cias occidentales, organizaciones internacionales y regionales.

Este tipo de análisis es útil para valorar el mismo tipo de intervención en otras guerras civiles africanas de la posguerra fría como: Somalia (1991 - 2013), Costa de Marfil (2002 - 2011), Libia (2011) o Mali (2011 - 2013) Inclusive, este análisis puede ser útil para entablar comparaciones con el caso de la actual guerra civil en Siria.

Para comenzar, es importante desarrollar una contextualización teórica e histórica de las dinámicas políticas internacionales en las que se ubican este tipo de casos, como el aquí analizado.

2. El Estado en África, la Posguerra Fría y la dependencia en torno al poder militar

Los Estados africanos, en su forma contemporánea, son los Estados-nación modernos de más temprana creación en el Sistema Internacional. Sudan del Sur, Estado nacido en julio de 2011 y el más reciente miembro de la Organización de las Naciones Unidas, es anecdóticamente diciente a este respecto. El continente americano fue pionero en el establecimiento de este tipo de organización política de la sociedad, al menos en sus formas jurídicas, desde finales del siglo XVIII al norte e inicios del XIX en el resto del continente. Paralelamente, Europa experimentó el progresivo desarrollo de sus estructuras políticas en esta dirección durante siglos, hasta alcanzar el perfilamiento de naciones y Estados modernos a finales del XIX y principios del XX. Por su parte, la mayoría del continente asiático se estructuró en formas políticamente modernas durante la segunda mitad del XIX y la primera del XX con base en la arraigada tradición de vastos y complejamente organizados imperios como el Turco (Otomano), el Persa, el Indio (Mogol), el Chino e incluso, en dimensiones geográficamente menores, la antigua y organizada sociedad japonesa.

Por su lado, el Estado moderno en África obedece a una implantación europea organizada sobre delimitaciones previamente inexistentes, de manera similar a América, pero con la diferencia de que mientras que el proceso colonial americano se extendió durante tres siglos, la experiencia colonial africana, aunque intensa, solo perduró entre las últimas décadas del siglo XIX y pasada la mitad del XX. Mientras que a mediados del siglo XX se independizaron los protectorados europeos al norte de África, Habida cuenta de la excepción de Argelia, ni protectorado ni colonia sino parte integral de la República Francesa, independizada luego de una guerra entre 1954 y 1962. En la década de 1960 el continente vivió la independencia masiva de las colonias que Gran Bretaña, Francia y Bélgica mantenían en la región subsahariana. Posteriormente, las guerras de independencia llevarían al mismo destino a las colonias portuguesas durante la siguiente década. Así, las estructuras políticas modernas de las sociedades africanas entraron a convivir con el resto del Sistema Internacional estatal, llamado Westfaliano, en relación con la Paz de Westfalia de 1648, tratado que puso fin a la Guerra de los Treinta Años en la Europa de la temprana modernidad y que se considera un hito del reconocimiento jurídico internacional de la existencia del Estado moderno, frente a formas anteriores de organización política. En un momento en el que el resto de los Estados tenían una mayor experiencia con instituciones políticas modernas y, además, llevaban (unos más, unos menos) alrededor de un siglo de desarrollo industrial como fuente del poder económico para asegurar la subsistencia de sus sociedades y las capacidades de sus instituciones políticas y militares.

Este proceso histórico explica la posición desfavorable que los Estados africanos han ocupado frente a los demás en el último medio siglo, en términos de su poder. Siguiendo la teorización de Kenneth Waltz, el rango que un país ocupa en la estructura del Sistema Internacional, clasificados según su poder, está determinada por una mezcla de factores como el tamaño de su población, su territorio, su acceso a recursos naturales, su capacidad económica, su poderío militar , su estabilidad y competencia política (Waltz, 1993, p. 50). Según esto, los Estados con amplias poblaciones, cuyas economías han podido experimentar avanzados procesos de industrialización en los últimos dos siglos han desarrollado lo que Waltz llama la capacidad de self help (Waltz, 1979, p. 105 y ss.), o 'autoayuda', esto es, tienen el poder de suministrarse a ellos mismos las capacidades necesarias para perseguir sus intereses económicos y políticos, incluyendo la capacidad militar.

En este contexto, Estados de reciente creación, establecidos sobre sociedades con poca tradición de institucionalización política moderna y de desarrollo económico industrial, tales como las de África (en especial subsahariana), están estructuralmente limitadas a ocupar un rango inferior en términos de poder en el Sistema Internacional. Esto implica que experimentan una ausencia de capacidad de self help y por lo tanto, que dependen de otros Estados para suplir sus necesidades económicas y militares.

Este tipo de Estado débil, o de rango bajo, coincide con la definición que Mohammed Ayoob ha dado a los países del Tercer Mundo, aquellos que durante la Guerra Fría dependían económica y militarmente de las dos grandes potencias a la cabeza del Primer (liberal, democrático y capitalista) y del Segundo (comunista) mundos; los cuales hoy se caracterizan por vivir un proceso inacabado de construcción del Estado (state making). Par Ayoob, afirma que este proceso consta de tres características: 1. la expansión y consolidación del dominio de una autoridad política sobre un conjunto territorial y demográfico; 2. el mantenimiento de ese orden establecido. 3. la extracción de recursos provenientes del territorio y la población, necesarios para mantener en funcionamiento al Estado y dotarlo de capacidades (Ayoob, 2007, p. 96). Estas características del Estado se pueden asociar con su capacidad de self help.

Así pues, durante la Guerra Fría la vida política del Tercer Mundo se enmarcó en la bipolaridad característica del Sistema Internacional de la época, donde las grandes potencias influenciaban a los Estados de menor rango. Si bien en algunos casos éstas propiciaron conflictos subsidiarios (proxy wars) de los intereses de ambos bloques (Corea, Vietnam, Afganistán, América Latina y las excolonias portuguesas [Mozambique, Angola y Guinea Bissau]), en muchos otros el apoyo económico y militar de las grandes potencias para asegurar aliados redundó en la estabilidad regional. Es el caso de muchos regímenes africanos (algunos de ellos comunistas, otros anticomunistas).

Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 numerosos dirigentes africanos se cobijaron bajo la cooperación de las grandes potencias para sostener el desarrollo de regímenes políticos autoritarios en sus recién independizados países. Esto propició la formación de sistemas políticos neopatrimoniales (Médard, 1991), en el sentido de su forma de construir las instituciones del Estado moderno. En teoría, éstas están formalmente establecidas con base en un sistema jurídico y se componen por cuerpos institucionales (burocráticos y militares) impersonales, es decir que sus miembros (burócratas y militares) no son los dueños de estos cuerpos, sino apenas sus ejecutores en nombre de las figuras jurídicas y racionales (el Estado); son quienes organizan en la sociedad el manejo del poder público (Weber, 1997, pp. 1056 – 1060). Por su parte, en el Estado neopatrimonial estos mismos cuerpos institucionales modernos se estructuran formalmente sobre formas jurídicas, pero los funcionarios encargados de hacerlos funcionar desvían los recursos de la función pública a procurar sus intereses privados, adaptando simultáneamente estructuras políticas modernas y tradicionales, autóctonas y extranjeras (Médard, 1991, pp. 331 – 336).

Mientras que teóricamente la legitimidad de un Estadomoderno emana de la racionalidad de las normas jurídicas que lo instituyen y de la aceptación social de las mismas, el mantenimiento del sistema neopatrimonial depende de la capacidad de los funcionarios para redistribuir socialmente los recursos públicos que se apropian. Esto significa que es un sistema profundamente clientelista, al estilo de lo que Jean-François Bayart ha llamado el “Estado rizoma” (Bayart, 1992, p.218), un Estado jurídico y formal visible, apoyado sobre un profundo sistema político informal de carácter más oculto, compuesto por relaciones de ayuda y retribución privada por medio de recursos públicos, esto es, por relaciones de clientelismo y patronalismo. Este sistema donde la clase política y los funcionarios absorben los recursos públicos para fines privados iba claramente en contra de la posibilidad de desarrollo de capacidades de los nacientes Estados africanos.

Ahora bien, como buena parte de los recursos públicos de los nacientes Estados subsaharianos provenían de la ayuda o los préstamos internacionales, las grandes potencias terminaron compensando con su poder económico la debilidad estructural y la falta de self help de estos estados neopatrimoniales del Tercer Mundo.

Pero toda esta situación cambió con el fin de la Guerra Fría y la desaparición entre las potencias de la necesidad de:, o bien la capacidad para: apoyar política y económicamente a Estados de menor rango. Esto coincidió además con el estallido de las crisis de la enorme deuda externa acumulada por estos países, lo que impactó gravemente las economías africanas. De esta forma, el flujo de recursos públicos que sostenía las redes clientelares y por extensión, la legitimidad de los gobiernos neopatrimoniales africanos, desapareció.

Es en este contexto posterior al período a la Guerra Fría, que estallaron conflictos armados internos en distintas sociedades africanas, en una situación caracterizada por gobiernos al mando de Estados de construcción inacabada, con muy poca capacidad de self help como para enfrentar la amenaza de organizaciones políticas armadas rebeldes que desafiaban su autoridad. Eran estos gobiernos, por tanto, aún dependientes de la ayuda de potencias extranjeras. Es el caso de los Estados como los mencionados previamente, tales como Sierra Leona (antigua colonia británica y objeto del presente estudio), Costa de Marfil, Mali, (antiguas colonias francesas) y Somalia (compuesta por antiguas colonias británicas e italianas).

En las últimas dos décadas estos países han vivido guerras civiles en cuya resolución han jugado un papel crucial los poderosos Estados occidentales y las potencias regionales. Como se verá en este artículo, parte fundamental de este papel determinante en la intervención extranjera se debe a uno de los factores de poder disponibles en las potencias grandes o medias y ausente en estos Estados débiles: el poder militar. Y dentro de este campo, particularmente el poder aéreo ha jugado un rol histórico de primera importancia.

De tal manera que se analizará la guerra civil desatada en Sierra Leona entre 1991 y 2002. Se observará el trasfondo histórico que llevó a la guerra desde la perspectiva del proceso inacabado de formación del Estado-nación. Seguidamente, se estudiará el desarrollo del conflicto armado interno, se verá qué intereses pudo despertar esta guerra entre actores internacionales militarmente poderosos como para motivarlos a intervenir. Por último, se verá en qué medida el uso del poder militar aéreo por parte de los interventores fue decisivo para el desenlace del conflicto en consonancia con los intereses de largo plazo que motivaron la intervención en un principio.

3. Sierra Leona: el uso del poder aéreo extranjero como efectiva solución coyuntural y las causas estructurales del conflicto interno

3.1. El origen de la debilidad estructural del Estado

Sierra Leona es un país con una historia singular en su región (el Golfo de Guinea) y en el contexto más general de África Subsahariana. Se diferencia de otras posesiones coloniales británicas cercanas (Ghana, Gambia, Nigeria), creadas con el objetivo económico de producir y proveer materias primas a la metrópoli. En cambio, la colonia de Sierra Leona nació gracias a que en el principal puerto del país se creó la base del movimiento antiesclavista británico desde finales del siglo XVIII, que fundó allí la ciudad por ello bautizada como Freetown (pueblo de la libertad), para albergar a esclavos libertos de América y África. En 1808 esta ciudad se convirtió jurídicamente en colonia británica, mientras que el resto del país, de carácter rural y políticamente organizado en torno a estructuras tribales precoloniales, sólo entró bajo la sombrilla del dominio británico en la forma de un protectorado, establecido en 1896 para comprender las vastas áreas circundantes a Freetown que no entraban ni dentro de la zona de influencia francesa (la actual República de Guinea) ni dentro de la vecina colonia de libertos americanos llamada, por el mismo motivo, Liberia.

Para la década de 1950, las élites locales en busca de poder y las autoridades británicas interesadas en limitar la costosa política colonial luego del impacto económico de las grandes guerras de la primera mitad del siglo XX, motivaron la fusión de la colonia de Freetown con el protectorado circundante por medio de estructuras estatales modernas y nacionales, de inspiración británica. A través de esta instauración de instituciones estatales modernas se le otorgó autonomía política a la colonia en 1958 y tres años después, la independencia. Sin embargo, este proceso no revirtió la tradicional división histórica existente en las instituciones y prácticas políticas entre la ciudad de Freetown, hogar y cuna de la clase política moderna apoderada de las estructuras centrales de poder del Estado y su amplia periferia rural, con estructuras de poder tradicionales y de alcance local (Little, 1955).

Esta particular distribución geopolítica del país pervivió a lo largo de su vida independiente, mantenida de manera equilibrada gracias a la integración de los partidos políticos dirigidos desde Freetown con las estructuras de 'cacicazgo' local alrededor del país. Los dos partidos políticos tradicionales del país, se alternaron el gobierno tras la independencia; el Partido Popular de Sierra Leona (SLPP por sus siglas en inglés) en los años sesenta y luego el Congreso de Todo el Pueblo (APC en inglés) en los años setenta. Estas organizaciones comenzaron a integrar las distintas estructuras de poder existentes en su sociedad en torno a un sistema político cada vez más autoritario. De una monarquía constitucional, el país se convirtió en una república en 1971 bajo los auspicios del APC, que luego en 1978 proclamaría el establecimiento de un sistema de partido único (que duraría hasta 1991); todas estas reformas dirigidas a vincular al Estado y al partido de manera más directa con la población, a través de la vinculación institucional, al menos en términos formales, de todos los líderes políticos y administrativos del país con el Estado. La estructuración de las instituciones modernas del partido único (el APC) y el Estado moderno a lo largo del territorio prosiguió sin un paralelo desarrollo de la capacidad económica del Estado; en cambio, los recursos públicos disponibles debían ser empleados para sostener las redes clientelares gracias a las cuales el partido y el Estado podían hacerse sentir por todo el territorio. De esta forma, paradójicamente, a pesar de la expansión espacial del Estado en las décadas de 1970 y 1980, en realidad se perpetuaba el proceso inacabado de formación estatal y se profundizaba la ausencia de capacidad de self help (Allen, 1978; Hayward, 1989).

En este contexto político de debilidad y consecuente vulnerabilidad del Estado, el sector agrícola sierraleonés, a pesar de cobijar a la mayoría de la población, apenas servía a la subsistencia. Por su parte el sector minero (compuesto primordialmente por yacimientos de bauxita y rutilo al sur y diamantes de aluvión al oriente del país, en el distrito de Kono), potencial fuente de recursos públicos, estaba privatizado y sus rentas escapaban a la captación oficial, a favor de empresas privadas y de las mencionadas redes de patronazgo y clientelismo. Estas redes, además, consumieron los recursos financieros públicos a medida que el Estado incurría en deudas externas, las cuales sus ingresos producidos por las exportaciones no eran capaces de cubrir (Hayward, 1989), llevando las finanzas estatales hacia la crisis. Estas condiciones favorecieron el colapso del Estado desde dos sectores de la sociedad y en dos planos geopolíticos.

Por una parte, la precariedad económica y la exclusión política en el sector rural sierraleonés confluyeron con intereses políticos como los del Frente Patriótico Nacional de Liberia (NPFL por sus siglas en inglés), la organización armada rebelde conformada por Charles Taylor en 1989, para tomar el poder en el país vecino. En medio de su interés por aumentar su control territorial entre Liberia y Sierra Leona, tener un apoyo político y táctico en el país vecino y tener acceso a recursos económicos abundantes como los de las minas de diamantes sierraleonesas, el NPFL coadyuvó con flujos de armas transfronterizos y el entrenamiento militar necesario para que se formara una rebelión armada en contra del gobierno en Sierra Leona, el llamado Frente Unido Revolucionario (RUF en inglés) en marzo de 1991 (Talentino, 2006). Sin que tuviera un programa político claro, el surgimiento del RUF se puede entender como una reacción de sectores sociales rurales mayoritariamente jóvenes y excluidos del sistema político, frente al carácter cerrado de la política tradicional y ante la posibilidad de ganar poder efectivo por medio del uso de la fuerza (Abdullah, 1998).

Por otra parte, la expansión del RUF desde la frontera liberiana por el sur y oriente sierraleonés indujo, a su vez, a un cambio en las clases dirigentes al mando de las instituciones legales del país, centradas en Freetown (Abdullah, 1998). Un año después del inicio de la guerra, en abril de 1992, hubo una sublevación de jóvenes miembros del ejército contra la clase política tradicional que, al mando del Estado neopatrimonial en crisis económica, no era capaz de movilizar recursos para afrontar con eficacia el avance militar de los rebeldes. Así, el joven capitán del ejército Valentine Strasser dio un golpe de Estado y a los 25 años tomó el control del país junto con una nueva clase política de origen militar, generacionalmente más joven y reunida en el llamado Consejo Nacional de Mando Provisional (NPRC por sus siglas en inglés). Esta nueva dirigencia joven rompió con el mandato de los políticos tradicionales, ganando el poder efectivo sobre unas estructuras estatales modernas inacabadas, mal desarrolladas por la política tradicional y neopatrimonial, tanto en el ámbito rural como en el urbano.

Ahora bien, como resultado de la historia política de Sierra Leona, los dirigentes del APC desviaron los recursos disponibles para fortalecer militarmente al Estado, ante el temor de que unas fuerzas militares poderosas pudieran amenazar el mando del partido único a la cabeza del gobierno del partido. En este sentido, durante las décadas de 1970 y 1980 en Sierra Leona se instauró lo que el teniente coronel Larry Woods y el coronel Timothy Reese (2008, p. 12) llaman un “ejército ceremonial”, unas fuerzas armadas existentes como institución pero sin poder efectivo de acción, al punto de no contar ni siquiera con armas para funcionar, con poco e inexperto personal y sin equipamiento.

Fue en este contexto de completa precariedad de las instituciones políticas estatales, que provocaban una incapacidad estructural del Estado para poder afrontar la amenaza armada del RUF, que se dieron las condiciones para la intervención internacional. Algo interesante del caso de Sierra Leona, que contrasta con otros casos similares, es la ausencia de intereses significativos para las potencias internacionales dentro del país. Esto puede explicar por qué la intervención internacional en Sierra Leona se dio tardíamente y en tres etapas (Woods y Reese, 2008) que involucraron a distintos tipos de actor del Sistema Internacional: al inicio mercenarios, o bien, contratistas militares privados; luego organizaciones internacionales regionales (la CEDEAO) e internacionales (la ONU) y por último, ante la ineficacia de las previas intervenciones, la potencia colonial tradicional en Sierra Leona: Gran Bretaña.

3.2. Intervención internacional: la ventaja táctica del poder aéreo y el conflicto cíclico

Puede parecer lógico que al enfrentar un problema político como es el estallido de una guerra civil, los encargados políticos y militares de afrontarlo busquen soluciones que efectivamente acaben con el problema. En el caso de Sierra Leona, es interesante ver que la efectividad de estas soluciones pasó por el uso del poder aéreo en el enfrentamiento contra los rebeldes, efectividad que es empíricamente observable y que sin duda se debe a la intervención de actores políticos extranjeros. Sin embargo, es igualmente interesante ver cómo la posición de los actores involucrados con respecto a las causas estructurales del conflicto, o su incomprensión de las mismas, llevó al establecimiento de una naturaleza cíclica en el curso de la guerra, caracterizada por avances y retrocesos estratégicos determinados por la irregularidad con la cual se utilizó el poder aéreo en contra de las fuerzas rebeldes.

Pues bien, el gobierno del joven Strasser fue capaz de reorganizar el manejo del Estado y del conflicto armado, de tal forma que logró replegar para 1993 al RUF hacia las regiones sur y oriente del país. No obstante, el éxito del gobierno estaba condicionado por las limitaciones estructurales del Estado, que mezclaban la falta de recursos financieros, la escasa capacidad económica y militar y la facilidad con la que se ejercía la corrupción. En este contexto, el RUF se pudo fortalecer a medida que ganaba poder económico, expandiéndose desde su zona de origen (la frontera liberiana en el suroriente sierraleonés) para controlar las explotaciones económicas de bauxita, rutilo y diamante, gracias a lo cual podía costear el refuerzo de su equipamiento, el mantenimiento y aumento de sus estructuras militares (gracias también a sus vínculos con la guerrilla del NPFL de Charles Taylor).

Para inicios de 1995 el RUF avanzaba en medio de conquistas militares y ataques de todo tipo contra la población civil hacia Freetown, al noroccidente del país, por lo cual el gobierno tuvo que acudir a la ayuda extranjera. El gobierno contrató a Excecutive Outcomes (EO), una empresa de mercenarios sudafricanos entrenados en las fuerzas especiales de su país de origen. A EO se le pidió llevar a cabo operaciones militares en contra del RUF así como entrenar a las fuerzas militares de Sierra Leona. A cambio y por la falta de recursos financieros, el gobierno sierraleonés ofreció concesiones diamantíferas a las empresas asociadas a EO (Talentino, 2006, p. 210).

Ahora bien, en el país se encontraba desde 1990 la fuerza armada interestatal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO, organización regional llamada ECOWAS en inglés), denominada como el Grupo de Monitoreo de la CEDEAO (ECOMOG por sus siglas en inglés); una fuerza multinacional compuesta primordialmente por fuerzas nigerianas. El ECOMOG tenía su base en Freetown (y en el cercano aeropuerto internacional de Lunga) para desde allí apoyar su intervención militar de restablecimiento de la paz en Liberia, actuando en contra del NPFL de Charles Taylor. Por esta razón en Sierra Leona había algunas unidades Dassault/Dornier Alpha Jet de la fuerza aérea nigeriana, que sin embargo, por no hacer parte de su mandato, no podían intervenir en el conflicto sierra leonés Fuentes como el Air Combat Information Group, afirman que los Alpha jet nigerianos participaron en misiones en contra del RUF durante el gobierno de Strasser (1992 – 1996), lo cual no es confirmado por otras fuentes. Lo que sí es verídico es que la presencia continua de contingentes de ECOMOG (con poder aéreo a su disposición) en medio de la inestabilidad política y militar del país, implicaba la posibilidad latente de que esta fuerza emprendiera acciones militares aéreas aisladas, como de hecho fue reportado por la BBC a finales de 1997 y no contra los rebeldes propiamente, sino contra las fuerzas gubernamentales del general golpista Koroma. (Peters, 2011, nota 19).

Por su parte, al momento de su intervención, EO tenía a su disposición un Boeing 727 destinado a la provisión constante de hombres y recursos desde Sudáfrica; además, compró dos aviones de carga Hawker Siddeley 780 Andover, dos helicópteros Mi-17 equipados con armamento y GPS; un Cessna 337 Super Skymaster destinado a misiones de reconocimiento (Cooper y Chick, 2004). Igualmente, EO hizo un uso eficiente de las escasas naves existentes en el país. Por ejemplo, al acceder a uno de los Mi-24 disponibles, dispuso que éste quedara equipado con cohetes de 57 mm, un lanzagranadas automático, ametralladoras de 7,62 mm operadas desde las puertas y una ametralladora Galting de 12,7 mm (Fitzsimmons, 2009, p. 18), lo que llegó a hacer parte del escaso pero eficiente arsenal aéreo que los mercenarios podían usar contra los rudimentarios rebeldes. Desde su llegada, EO planificó que su intervención militar en contra del RUF necesitaba del poder aéreo para movilizar las tropas y apoyarlas en combate, así como para abastecer bases alejadas de Freetown, en el escenario estratégico de un país con una paupérrima infraestructura vial y un enemigo que solo se movilizaba por tierra.

La operación militar de EO estaba apoyada en tropas sierraleonesas entrenadas por la empresa mercenaria, la composición de las fuerzas progubernamentales sierraleonesas durante el conflicto fue diversa. Comprendió desde las unidades del ejército regular que se mantuvieron leales al gobierno (cuando este no fue infiltrado por los rebeldes, como se verá más adelante) hasta diversos tipos de unidad paramilitar. Éstas últimas consistieron principalmente en guerreros tradicionales de las comunidades rurales, llamados Kamajors (originalmente cazadores de estas sociedades) y en milicias paramilitares compuestas por todo tipo de persona dispuesta a integrarlas y unidas formalmente bajo el nombre de Fuerzas de Defensa Civil. En medio de la crisis política y la falta de control oficial, este último tipo de organización paramilitar protagonizó abusos contra la población civil. (Woods y Reese, 2008, 17 y ss), algunas tropas de origen sudafricano y la enorme ventaja táctica del uso del poder aéreo. Para 1996, EO había logrado asegurar Freetown así como las minas costeras de rutilo y bauxita al sur; los yacimientos de diamante al oriente; expulsando al RUF a la frontera liberiana y exterminando a una gran parte de su fuerza combativa (Howe, 1998, pp. 313 – 315). Sin embargo, a pesar de la vastamente eficaz intervención de EO, el problema de fondo no había sido solucionado, pues en el sistema político del país pervivían las mismas condiciones que habían permitido y provocado el estallido de la guerra.

tropas de origen sudafricano y la enorme ventaja táctica del uso del poder aéreo. Para 1996, EO había logrado asegurar Freetown así como las minas costeras de rutilo y bauxita al sur; los yacimientos de diamante al oriente; expulsando al RUF a la frontera liberiana y exterminando a una gran parte de su fuerza combativa (Howe, 1998, pp. 313 – 315). Sin embargo, a pesar de la vastamente eficaz intervención de EO, el problema de fondo no había sido solucionado, pues en el sistema político del país pervivían las mismas condiciones que habían permitido y provocado el estallido de la guerra.

Mientras tanto, en el ambiente de optimismo provocado por los éxitos militares de EO, como parte de una reacción en contra del carácter autoritarista que tomaba el régimen del joven Strasser, una nueva intriga entre militares llevó a un golpe de estado en enero de 1996 y al ascenso de uno de sus jóvenes colegas, Kulius Maada Bio. Bajo su mandato se organizaron elecciones libres para establecer un gobierno democrático y legítimo, algo por lo demás necesario para mejorar la imagen internacional de Sierra Leona y posicionar mejor al Estado en sus relaciones con el resto de los actores del Sistema Internacional, cuya ayuda económica, política y militar seguía siendo urgente ante la falta crónica e irresoluta de capacidades estatales.

No obstante, como parte del acuerdo de paz y coincidiendo con un ambiente adverso en la opinión internacional a propósito del uso de mercenarios, el contrato de EO finalizó a inicios de 1997. Ante este hecho, quedó en manos de las fuerzas militares sierraleonesas el mantenimiento de la seguridad nacional, el control del territorio y del proceso de desarme de las estructuras del RUF estipulado en el acuerdo. Sin embargo, el retiro de EO implicó un nuevo balance táctico entre las fuerzas enfrentadas, por lo que, ante las condiciones de debilidad política y militar del gobierno, los rebeldes se vieron motivados a tomar nuevamente la iniciativa armada. Esto reprodujo aun más la ingobernabilidad e impulsó al país hacia una nueva crisis económica y política.

En este contexto, una nueva camarilla de militares se sublevó en contra del gobierno democrático y tras liberar a opositores militares políticos apresados, dio un golpe de Estado en mayo de 1997 (un año y dos meses después de la elección democrática de Kabbah). Se nombró al mayor Johnny Paul Koroma como comandante del ahora llamado Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (AFRC, por sus siglas en inglés), el cual remplazó al gobierno.

En un supuesto intento por poner fin al conflicto que volvía a escalar en ese momento, Koroma invitó al RUF a hacer parte del gobierno del AFRC. Como resultado de este acuerdo informal, las tropas del RUF ocuparon Freetown en medio de saqueos y ataques indiscriminados a la población civil, a lo cual siguió un 'gobierno' completamente desatento de la población y de las responsabilidades del poder público, cuyos agentes inclusive eran una amenaza directa para la población del Estado (Woods y Reese, 2008, pp. 39 - 41).

El Estado que hasta ahora había mostrado un carácter neopatrimonial, se acercó al tipo ideal weberiano que inspiró este concepto, a un Estado patrimonial, donde las instituciones públicas quedaron completamente sometidas al interés privado de quienes las manejaban. Salvo que en este caso no había legitimidad, ni en virtud de leyes racionales, ni en virtud de algún mando tradicional; la junta militar del AFRC-RUF gobernaba por medio del abuso, la exacción y la destrucción de su propia población sostenida en su capacidad de desplegar violencia.

Esta rápida recaída a una situación política crítica llevó a una intervención de la CEDEAO, la principal organización internacional de África Occidental. Sus miembros eran Estados de la región dirigidos por mandatarios de origen civil que accedieron al poder tras la ola de democratización subsahariana acaecida a inicios de la década de 1990. Por lo tanto, encabezada por ellos, la organización tenía buenas razones para rechazar la toma del poder por parte de las fuerzas armadas en cualquiera de sus Estados miembro, lo cual de ser tolerado, constituiría un precedente peligroso. Así, la CEDEAO decidió intervenir para restablecer el gobierno democrático de Kabbah, lo cual llevó a negociaciones con el gobierno de la alianza AFRC-RUF y a la firma del Plan de Paz de Conakry (en Guinea) del 23 de octubre de 1997.

El plan estipulaba un cronograma para el cese de hostilidades, el desarme, la reintegración de los combatientes y el regreso al régimen democrático. Sin embargo, el gobierno de Koroma incumplió desde el inicio y ante la ineficacia de sanciones económicas impuestas en noviembre por la CEDEAO para presionarlo, decidió intervenir militarmente a inicios de 1998 a través de ECOMOG (la fuerza armada interestatal compuesta por unidades militares de los Estados miembro de la CEDEAO) (Woods y Reese, 2008, p. 41).

Desgraciadamente esta vez, ante la falta de una fuerza militar con decisivo poder aéreo para apoyar sus operaciones y defender sus posiciones, la intervención apenas pudo asegurar el control de la capital, mientras que las tropas rebeldes, tras replegarse saquearon y atacaron la población a su paso, asediando la ciudad durante 1998.

Las fuerzas armadas de Sierra Leona y el ECOMOG contaban para defender su posición con el poco poder aéreo aún disponible, como algunos Alpha Jet nigerianos y los helicópteros Mi-17 y Mi-24 (Cooper y Chick, 2004), que implicaban una ventaja táctica apenas capaz de evitar la derrota militar a manos del RUF y del ahora rebelde AFRC. La figura casi legendaria del piloto sudafricano Neall Ellis es representativa a este respecto. Este coronel retirado de la fuerza aérea sudafricana siguió sirviendo como mercenario a Sierra Leona luego de la partida de EO y su habilidad (junto con la de su tripulación multinacional) para atacar a los rebeldes desde el mencionado Mi-24 artillado por EO, hizo parte fundamental de la superioridad táctica a la que podía aspirar el gobierno de Sierra Leona sobre el RUF. (Venter, 2011). Aun así, en enero de 1999 estas guerrillas atacaron Freetown durante la llamada “operación que nada quede vivo” (no living thing), liderada por el legendariamente sanguinario “general Moskito” del RUF. Esta operación desencadenó una batalla de casi un mes contra las unidades de ECOMOG, la cual implicó miles de víctimas tanto militares como civiles y múltiples violaciones a los Derechos Humanos.

Tras la victoria de ECOMOG, apenas suficiente para retomar el control de Freetown, Nigeria amenazó con retirar sus tropas de una operación tan costosa en vidas y en términos económicos, por lo cual hubo intervención diplomática regional e internacional a favor de la firma de un nuevo acuerdo de paz en Lomé, la capital de Togo. Con este acuerdo nuevamente se le otorgaba amnistía y participación política al RUF. Su líder, Foday Sankoh, sería nombrado vicepresidente y se le concedería especial control sobre una comisión encargada de la política diamantífera del país (Woods y Reese, 2008, p. 48). Esto es una clara muestra de la tendencia neopatrimonial que tenía el sistema político de Sierra Leona en los intentos para mantener su estabilidad.

Estas concesiones se le ofrecieron al RUF y al AFRC a cambio de su desmovilización. La implementación del acuerdo se debía hacer bajo la vigilancia de una nueva fuerza de intervención internacional para el mantenimiento de la paz, autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por medio de la resolución 1270 de octubre de 1999 y llamada UNAMSIL. Esta misión debía asegurar el cumplimiento del acuerdo de paz de Lomé. Sin embargo, como era previsible en razón de los precedentes históricos, la firma del acuerdo significó nuevamente más bien una tregua a la que los rebeldes accedieron luego de un revés militar, en vez de un acuerdo de las partes para terminar el conflicto.

A medida que UNAMSIL intentaba promover lo estipulado en Lomé, el RUF y el AFRC volvieron a fortalecer sus estructuras militares y comenzaron a rechazar, por medio de las armas, los intentos de desmantelamiento que la misión de la ONU intentaba llevar a cabo según lo supuestamente acordado. En este contexto la violencia volvió a escalar a inicios de 2000, con masivos ataques a las fuerzas internacionales, las cuales, por tener un mandato de mantenimiento de la paz, intentaron mantener una posición neutral sin decidirse a responder a los ataques sufridos. La situación se hizo insostenible en mayo, cuando cientos de miembros de la UNAMSIL fueron capturados simultánea-mente por diferentes grupos rebeldes en distintas opera-ciones, lo cual pareció precipitar al país hacia una nueva escalada del conflicto e impulsó a Gran Bretaña, histórica potencia colonial de Sierra Leona, a intervenir militarmente.

La intervención británica fue lanzada con el nombre de “operación Palliser”, con el propósito inicial de proteger a los nacionales británicos en Sierra Leona del reinicio del conflicto. Empero, las fuerzas militares desplegadas se involucraron rápidamente en el conflicto, en operaciones para liberar a los cientos de prisioneros, tales como la “operación Khukri” (hecha en conjunto con militares de otros países que componían UNAMSIL, con el apoyo de la fuerza aérea India a través de helicópteros Mi-18, Mi-35 y Hal Chetak (Cooper y Chick, 2004), este último manufacturado en India). Otra de las operaciones que permitieron liberar prisioneros fue la legendaria “operación Barras” (Elite UK Forces, 2013).

En los primeros días de mayo de 2000, a las costas de Freetown llegaron el portaviones HMS Illustrious y el portahelicópteros de asalto HMS Ocean. El despliegue de las fuerzas británicas contó decisivamente con el poder aéreo para el éxito de sus operaciones entre mayo y agosto. Por una parte, al igual que lo hiciera EO previamente, los británicos decidieron que la eficacia de sus acciones militares dependía de un conocimiento preciso del territorio y los movimientos del enemigo, por lo cual dispusieron de aviones Harrier y Hawker Siddeley Nimrod R1, para realizar constantes vuelos de vigilancia y reconocimiento (Dorman, 2009, p. 93 y 94). Por otra parte, se utilizaron helicópteros Boeing Chinook HC2 para transportar ágilmente numerosos escuadrones de las experimentadas tropas británicas de los Servicios Aéreos Especiales (SAS por sus siglas en inglés), parte de las fuerzas especiales británicas, dentro de las que además se contó con el estratégico uso de escuadrones de paracaidistas. También se usó helicópteros Westland Lynx Mk7, para dar apoyo de fuego desde el aire (Elite UK Forces, 2013).

Así, por una parte, la intervención británica puso fin a un nuevo intento de escalada violenta por parte de las organizaciones armadas rebeldes. Siguiendo un patrón ya regular en el conflicto sierraleonés, la intervención internacional por medio del uso del poder aéreo implicó un cambio en el alcance de las operaciones militares en contra de los rebeldes, que provocó un desbalance táctico a favor del bando gubernamental y contrarrestó la avanzada rebelde, al punto de que se llegó a la firma, una vez más, de un cese de hostilidades en Abuja (Nigeria), en noviembre de 2000. Una consecuencia importante de la intervención británica, y más aún, del casi colapso de UNAMSIL que la propició, fue el hecho de que la misión de paz se dotara con una gran capacidad de transporte y movilización aérea, que antes era prácticamente inexistente. La misión fue equipada con helicópteros Mi-24, Mi-17, Mi-26 y Sikorsky S-61N (Cooper y Chick, 2004).

Pero por otra parte, la intervención británica fue más allá del ya típico patrón de una corta pero efectiva injerencia de corto plazo basada en el uso del poder aéreo, que ofrece una ventaja táctica al Estado en su guerra contra las guerrillas que desaparece tan pronto como la intervención termina. Esta vez la intervención británica, acaecida al cabo de diez años de guerra, se enfocó también en procurar el desarrollo de las capacidades del Estado, cuyo subdesarrollo, por lo demás, era consecuencia del mismo dominio colonial británico y de que en medio siglo de vida independiente los políticos sierraleoneses no habían sido capaces de construir un Estado fuerte.

En este contexto, Gran Bretaña emprendió una reforma integral de los servicios de seguridad de Sierra Leona, una política enmarcada en el plano de la cooperación internacional, a través del Departamento de Desarrollo Internacional (Department for International Development). Por medio de esta política, Gran Bretaña ha buscado ayudar a implantar una mejor cultura organizacional en los cuerpos institucionales de seguridad (Leboeuf, 2005), que son un componente fundamental de las instituciones estatales modernas, como se ha visto de acuerdo con los planteamientos de Max Weber. Esto implica prevenir y combatir la corrupción, de tal forma que se contrarreste el carácter neopatrimonial de estas estructuras estatales y se las haga realmente independientes de intereses privados y por consiguiente, efectivas en el cumplimiento de los intereses del poder público. Lo anterior significa el desarrollo efectivo de la capacidad militar del Estado, lo que implica un aumento de la capacidad de self help de Sierra Leona, y un paso afuera de las condiciones de Tercer Mundo de este país, señaladas por Mohammed Ayoob.

Mientras que esta intervención de largo plazo emprendida por los británicos comenzaba; la guerra en Sierra Leona continuaba según su lógica ya perceptible luego de una década. A pesar del acuerdo de Abuja, a finales de 2000 los grupos rebeldes se replegaron, se fortalecieron y continuaron sus actividades militares y en medio de ellas involucraron ataques en territorio de la República de Guinea, adyacente a la frontera entre Sierra Leona y Liberia. Este territorio había sido la base tradicional de retirada y contraataque del RUF, además de ser el punto de contacto de los rebeldes con sus redes de tráfico de diamantes y aprovisionamiento de recursos con las milicias de Charles Taylor en Liberia, quien en 1997 se había apoderado del gobierno del país (Bøås, 2001).

Como consecuencia, las fuerzas militares de Guinea iniciaron una retaliación en el territorio de los mencionados países vecinos, con incursiones apoyadas por helicópteros McDonnell Douglas 500-D artillados (Cooper y Chick, 2004). De nuevo, obedeciendo a la lógica de la guerra sierraleonesa, el momento de iniciativa militar de los rebeldes se vio contrarrestado por un contraataque, en medio de una intervención internacional, contando con el apoyo aéreo para desequilibrar el balance de fuerzas a favor de las fuerzas gubernamentales.

Ahora bien, la intervención de Guinea se enmarca en el plano más amplio de sus relaciones con la Liberia de Charles Taylor. Este rebelde llegado a presidente era acusado de apoyar milicias regionales como la del RUF y de usufructuar el comercio ilegal de diamantes sierraleoneses, explotados en medio de la perpetración de violaciones de Derechos Humanos por parte de estos rebeldes. Entre los años 2000 y 2001 las Naciones Unidas impusieron sanciones económicas al gobierno de Taylor para contrarrestar su negocio diamantífero. Por su parte, el gobierno de Guinea, preocupado por la animosidad de Taylor y su apoyo a grupos rebeldes que atacaban territorio guineano, apoyó la rebelión de Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia (LURD), opositora de Taylor, de la misma manera que lo hizo el gobierno marfileño, también preocupado por la injerencia de Taylor en sus asuntos internos y que apoyó al Movimiento por la Democracia en Liberia (MODEL). Entre ambos grupos rebeldes se minó el poder político y el control territorial de Taylor lo cual, junto con las sanciones y la presión internacionales, lo forzaron a renunciar en 2003 (Bøås, 2005).

En este contexto de debilitamiento del mayor soporte político y financiero del RUF en la región, los rebeldes se encontraron sin la capacidad de continuar reproduciendo sus capacidades militares como solían hacerlo luego de sufrir reveses militares a manos de intervenciones extranjeras con poder aéreo. Así, en marzo de 2001 acordaron nuevamente su desarme y desmovilización en conjunto con las fuerzas paramilitares sierraleonesas que apoyaban al gobierno, la llamada Fuerza de Defensa Civil. Esto se efectuó bajo la vigilancia y control de la UNAMISL, hasta que en 2002 se declaró oficialmente terminada la guerra civil, luego de más de una década de conflicto.

4. Conclusiones

Este artículo partió de la hipótesis de que la posibilidad de usar el poder aéreo en operaciones de intervención militar internacional en guerras civiles dentro de Estados débiles es una forma económica, para un actor internacional, de promover sus intereses políticos dentro de ese Estado sin incurrir en grandes costos. A lo anterior, es interesante notar dos cosas con respecto al impacto de corto y de largo plazo de este tipo de intervención, según lo que se ha podido observar y analizar en el caso de la guerra civil en Sierra Leona.

Por un lado, efectivamente la posesión de poder militar aéreo se muestra como un mecanismo decisivo para que los actores internacionales que pueden acudir a él lleven a cabo una intervención internacional. Como se ha visto en este artículo, es una manera económica de impactar ampliamente el curso de un conflicto armado en un Estado con serias falencias en sus capacidades. Esto, porque un conflicto armado en un Estado con capacidades políticas, militares y económicas tan precarias como Sierra Leona implica actores armados con medios limitados.

Como se vio, gracias al poder económico que le daba controlar la explotación de diamantes y otros yacimientos, el RUF podía proveerse de las armas y los hombres suficientes como para superar militarmente a las débiles fuerzas armadas de Sierra Leona, en el contexto de un país con infraestructura paupérrima y primordialmente selvático, donde la táctica guerrillera resultaba eficaz contra un enemigo de menos capacidades. Pero contra enemigos que podían tener una disponibilidad muy inferior de hombres y que aun así contaban con el poder aéreo en materia logística o militar, esta ventaja del RUF desaparecía y el balance táctico de las fuerzas cambiaba radicalmente.

La empresa mercenaria Executive Outcomes no necesitó de un contingente de infantería muy significativo gracias a que su arsenal aéreo podía infligir enormes bajas entre los rebeldes. Algo similar sucedió con la intervención de Gran Bretaña, que inclusive pudiendo contar una infantería numerosa, apeló a operaciones económicas con pocos hombres de sus fuerzas especiales, pero apoyados operativamente por un poder aéreo avanzado (recuérdense los enormes portaaviones y portahelicópteros de asalto que llegaron a la costa sierraleonesa al momento de esta intervención) para demostrarle a los grupos rebeldes los límites de sus capacidades y el beneficio de negociar tratados de paz y de desmovilización, en vez de continuar una guerra en la que podían sufrir reveses catastróficos precisamente gracias a este tipo de intervención aérea. En esta medida se aprecia cómo, según lo hipotetizado, claramente el uso del poder aéreo es una decisión racional para llevar a cabo una intervención efectiva y poco costosa. Las enormes pérdidas humanas sufridas por Nigeria en el marco de la intervención de ECOMOG, que acudió más que todo al uso de enormes infanterías con poco (aunque decisivo) apoyo aéreo, refuerzan este argumento.

Pero por otro lado, la eficacia del poder aéreo se ve relativizada al considerar los intereses de largo plazo que tenían los actores intervinientes. EO se vio motivada a intervenir gracias a los intereses por la explotación de diamantes que tenían sus empresas asociadas. A pesar de su innegable eficacia militar y aérea, el hecho de entrar a jugar dentro del inestable y neopatrimonial sistema político sierra leonés terminó minando estos intereses empresariales. Sencillamente, un gobierno tan frágil, tan poco institucionalizado y con una legitimidad tambaleante como el del joven y golpista capitán Strasser, no podía entablar una relación jurídica y política estable con una empresa de contratistas militares privados que suplieran la crítica incapacidad militar del Estado. La presión internacional que provocaba la mala imagen del uso de mercenarios, así como la exigencia rebelde de retirar a los mercenarios a cambio de un acuerdo de paz, fueron hechos suficientes para acabar políticamente con la ventaja militar que le ofrecía el poder aéreo de EO al gobierno de Sierra Leona. Una vez eliminada esta ventaja táctica por medios políticos, resultó racional para los rebeldes emprender la campaña militar nuevamente.

En el caso de ECOMOG, la fuerza multinacional de intervención de la CEDEAO, y de UNAMSIL, la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, su interés de largo plazo era el establecimiento de la paz y la estabilidad regional luego del golpe de estado del general Koroma y el recrudecimiento de la guerra. Indudablemente, usar aviones Hércules para transportar y posicionar estratégicamente al numeroso ejército del ECOMOG (nigeriano en su mayoría), o recurrir a Alpha Jets para atacar posiciones rebeldes, fue una ventaja decisiva para retomar el control de Freetown en 1998. Pero nuevamente, un poder militar y aéreo ajeno no solucionaba el conflicto, sino que cambiaba su curso de manera coyuntural. La retirada de los nigerianos en 1998 implicó un nuevo desbalance táctico que ofreció una vez más una oportunidad racional de contraataque a los rebeldes. A pesar de que UNAMSIL intentaba aplicar una solución estructural al conflicto mediante la aplicación de programas de desarme y reinserción, a falta del mantenimiento del poder de disuasión militar apoyada en el poder aéreo, los rebeldes no tenían incentivo alguno para acogerse a este tipo de medida. La ausencia de capacidades del Estado seguía demostrando ser una causa continua para el conflicto.

En este marco, el inconstante apoyo de actores extranjeros con poder miliar aéreo ayudó a reproducir la lógica cíclica del conflicto en Sierra Leona, en la que los rebeldes avanzaban y retrocedían en sus campañas militares desde el suroriente rural hacia la capital, en el noroccidente, siempre replegados ante el uso inconstante de poder militar aéreo contra ellos. A pesar del inmenso desbalance estratégico que implicaba para las fuerzas gubernamentales tener siempre a los rebeldes a las puertas de la capital, es interesante señalar la similitud de esta distribución de fuerzas con la formación del sistema político sierraleonés en el período colonial, dividido entre un puerto (Freetown) con instituciones políticas modernas, propiamente una colonia y el resto del país entregado a las estructuras de poder autóctonas, organizado como un protectorado, sólo nominalmente bajo el poder británico con sede en el puerto. (Little, 1955). Esto refleja las profundas raíces de la incapacidad del Estado moderno para controlar efectivamente todo su territorio, dramáticamente expuesto en tiempos de guerra.

Por su parte, Gran Bretaña es un caso interesante de la mezcla entre intereses a corto plazo y a largo plazo al momento de la intervención. Su actividad militar se limitó a contadas operaciones especiales. Sin embargo, la apabullante presencia de su fuerza conjunta apoyada en un tremendo poder aéreo (por lo demás navalmente transportado hasta Sierra Leona) fue suficiente para detener una nueva ola de avances militares rebeldes. Pero además de esto, el emprendimiento de un programa de reforma de las fuerzas armadas muestra cómo esta, la cuarta intervención oficial de un actor internacional en el conflicto, se pensó de manera tal que el impacto en el corto plazo de la eficiencia militar apoyada por el poder aéreo, se complementara con efectos de largo plazo, logrados mediante el fortalecimiento de las capacidades militares del Estado.

Claramente, la incompetencia y la corrupción en las fuerzas militares y más generalmente, las instituciones estatales de Sierra Leona, fueron un aliciente durante el conflicto para que los rebeldes se decidieran a llevar a cabo sus ataques con esperanza de éxito. En términos más generales aun, el proceso inacabado de construcción del Estado moderno y su poquísima capacidad de self help demostraron ser una causa principal del conflicto. Estas condiciones estructurales de incapacidad política y militar existieron desde el inicio mismo de la historia del país como Estado moderno, a mediados del siglo XX, pero solo se manifestaron una vez iniciada la guerra, cuando esta fue imposible de detener por parte del gobierno. En estas condiciones se entiende por qué eficientes intervenciones militares aéreas fueron necesarias pero no suficientes para decidir el conflicto y Gran Bretaña comprendió la necesidad de revertir esta situación mediante el mejoramiento institucional del Estado moderno en este país.

Otra intervención igualmente interesante fue la de la República de Guinea, un país poderoso (en términos relativos) de la región. En un contexto regional donde priman las estructuras inacabadas del Estado moderno y los sistemas políticos neopatrimoniales, como el occidente de África subsahariana, el riesgo de que los conflictos liberiano y sierra leonés se expandieran hacia países vecinos como Guinea era elevado. En esta medida, el hecho de haber intervenido rápidamente con ejércitos ayudados por artillería aerotransportada fue importante para detener una escalada internacional de la guerra. Ahora bien, esta eficaz intervención ayudada por el poder aéreo en el corto plazo, tuvo que ser complementada por un movimiento estratégico a más largo plazo, como lo fue el apoyo, por parte de guinea de la guerrilla del LURF dentro de Liberia. Este movimiento fue decisivo para concentrar las operaciones de la guerra en este país y para cortar, desde su origen, las fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de los rebeldes sierra leoneses.

Con un Estado débil pero con capacidades políticas, institucionales y militares en construcción, junto con el agotamiento de la fuente de los recursos operacionales de los rebeldes, en Sierra Leona se pudo poner fin a una década de conflicto armado, en la cual fue decisivo el uso del poder aéreo para evitar la derrota del gobierno y la caída de las instituciones en manos de un actor político, que a todas luces no representaba ni planeaba proteger en ninguna medida los intereses de la población sierra leonesa.

Un acompañamiento internacional a este país y a su vecindario han ayudado a mantener la estabilidad durante la última década, mientras que se surte el proceso de largo plazo de construcción del Estado moderno. A la luz de lo analizado, queda claro que este proceso debe implicar el desarrollo de capacidades de self help y esto, a su vez, a la luz de las dinámicas del tipo de guerra interna que se puede desarrollar en un país como Sierra Leona, implica que el país se debe dotar de un poder militar aéreo, que sea suficiente como para poder llevar a cabo las operaciones que en su momento hicieron diferentes actores internacionales, cuando salvaron la existencia del gobierno.

Las coyunturas internacionales y regionales pueden surtir grandes cambios en un país como Sierra Leona. Recuérdense las condiciones de respaldo irrestricto de las grandes potencias, tanto a grupos rebeldes como a gobiernos que se defendían de ellos, durante la Guerra Fría. La desaparición de este tipo de apoyo pudo influir en la indiferencia internacional que durante la década de 1990 (la década del Fin de la Historia promulgado en 1989 por Francis Fukuyama) existió conforme Sierra Leona se hundía en una terrible crisis humanitaria. Al igual que países como Liberia, Ruanda, Zaire (la posterior República Democrática del Congo) o Somalia. Se debe tener en cuenta también el peso que tuvo el desencadenamiento de la guerra civil en la vecina Liberia y el interés de actores políticos por usar los recursos diamantíferos (los llamados popularmente “diamantes de sangre”) para financiar sus guerras.

Este tipo de factores puede aparecer nuevamente lejos del control de un país como Sierra Leona, impulsando la guerra civil y minando el interés internacional por intervenir. Sin un fortalecimiento estatal que contemple la capacidad militar aérea, el país puede quedar nuevamente a merced de organizaciones políticas armadas del grado de crueldad y salvajismo del RUF, sin que el Estado tenga la capacidad de contrarrestarlas a tiempo por sus propios medios, con firmeza y eficacia. Este es el tipo de lecciones históricas que los países y los actores interesados del Sistema Internacional, deben aprender para evitar vivir de nuevo el tipo de experiencias traumáticas que tuvo que afrontar la sociedad sierraleonesa.

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