Fuerza Aérea y conflicto en el Caribe colombiano, 1980-2010¹

Air Force and Conflict in the Colombian Caribbean, 1980-2010²

Força Aérea e conflito no Caribe colombiano, 1980-2010³

Introducción¹

De las décadas de 1980 a la del 2000 Inclusive, hubo un gran vuelco en el modo de operar las Fuerzas Militares en Colombia (Valencia, 1998). En particular, desde 1998, la Fuerza Aérea Colombiana - FAC cumplió operaciones que fueron decisivas para el final del conflicto armado Interno. Entre estas: Vuelo de Ángel (1998), Delta (2002), las del Plan Patriota (2003) y sobre todo, desde 2007, las operaciones con las que se neutralizó a los principales cabecillas de los grupos armados ¡legales. Mientras que en las décadas de 1980 y 1990 no hubo operaciones tan publlcltadas, ni con la frecuencia de la década posterior, excepto en diciembre de 1990 la 'Operación Centauro' en La Urlbe (Meta).² Pareciera que entonces predominaron las operaciones de tipo reactivo y más con carácter humanitario: terremoto en Popayán (Cauca, marzo 1983); desastre en Armero (Tollma; noviembre 1985); desastre del río Páez (Cauca; junio 1994); terremoto en Eje cafetero (enero 1999).

En ese lapso de treinta años, con relación a las operaciones de la Fuerza Aérea, la reglón menos referenciada es la del Caribe colombiano. Incluso los análisis sobre el conflicto en esta reglón o visualizan solo una porción de la reglón, o no conocen la misión de esa fuerza militar. Es un vacío que comparten, entre otros análisis regionales, Aparicio (2015), Almario et al. (2004), González (2014), Henao et al. (2015), Herrera (2009), Medina (2011), Observatorio Presidencial (2001-2009), Romero (2015), Sánchez et al. (2010) y Trejos (2015, 2016). Un vacío que, sobre la evolución del conflicto en treinta años de historia reciente, minimiza una reglón que comprende cerca del 11% del territorio continental de Colombia y el 21% de su población.

No obstante, una visión ecuánime de la reglón Caribe de Colombia debería Incluir la porción continental definida por una geografía compleja, y, de otra parte, el área marítima al norte. La porción continental suma 132.288 km², fragmentada en siete departamentos. La porción marítima comprende unos 536.574 km², más 70 km² del archipiélago de San Andrés Islas. La geografía compleja se define por zonas tan variadas como: el litoral Caribe; la desértica de la Guajira; la montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta; el Bajo Magdalena y la depresión Momposina, que Incluye a los departamentos de Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre.

De hecho la visión del conflicto en el Caribe se ha definido sobre dos tipos de zonas, la primera donde Montes de María, el sur de Córdoba y la Sierra Nevada de Santa Marta han sido foco de las exacciones de los grupos armados y las autodefensas ¡legales. El otro tipo de zona son los corredores viales, uno aparentemente apacible conecta a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena donde coincidían las exacciones de los grupos ¡legales con la delincuencia común. Esto se asocia a la ubicación de la reglón como frontera marítima sobre el Caribe, con varios puertos Importantes del país, frontera terrestre con Venezuela y también con Panamá (Aparicio, 2015a, pp. 32, 34).

Además de tal variedad geográfica, comprende seis parques naturales, cinco santuarios de fauna y flora, cinco ciénagas Incluida la Grande de Santa Marta. Desde aquel conjunto Colombia drena el mayor caudal de aguas dulces a la cuenca Caribe suministrado por los ríos Magdalena, Atrato y Sinú, como a través de los ríos Catatumbo y Zulia que nacen en su territorio, e incluso los ríos Guaviare, Meta y Arauca, igual nacidos en Colombia y que desembocan en el Orinoco (Esquivel, 2015). Sin olvidar las características oceanográficas del Mar Caribe, donde a su vez Colombia mantiene límites fronterizos con siete países.

En función de las operaciones de la Fuerza Aérea Colombiana, para garantizar la soberanía en la región Caribe, se hace necesario un análisis más específico considerando las reclamaciones territoriales de estados vecinos, el cruce de rutas marítimas, la explotación de la riqueza y el crimen organizado transnacional. En particular para este artículo, el objetivo es describir el contexto del conflicto en el Caribe colombiano que incidió en las operaciones de la Fuerza Aérea entre las décadas de 1980 a 2000.³

Dada la persistencia del conflicto armado en Colombia y el mismo período a considerar se asume un enfoque metodológico enmarcado en la historia inmediata. Ello además porque todavía se desconoce todos los efectos de lo acontecido y también porque nos permite participar en el debate socio-político sobre la memoria del conflicto (Barros, 2006). En perspectiva de una historia del tiempo presente, otro nombre para el mismo enfoque, se trata de un aporte a la historiografía donde se busca relacionar mejor “rupturas y continuidades” (Sauvage, 1998, p. 64). La continuidad del conflicto y las operaciones de la Fuerza Pública, las rupturas que fijan fases en su interacción como el vuelco en el modo de operar las Fuerzas Militares.

Al efecto el artículo describe tres procesos, el primero cuando los grupos armados y las autodefensas ilegales ganaron la iniciativa frente a las operaciones militares en algunas zonas de la región. El segundo se refiere al nexo entre el vuelco estratégico militar, por ejemplo la Fuerza Aérea con los Black Hawk, y las dinámicas en otras zonas de la región Caribe. Por último, y tercer proceso, se establecen algunos de los hitos que conducirían al debilitamiento de los grupos armados y autodefensas ilegales.

Los grupos ilegales imponen su iniciativa armada

Dadas sus características geográficas, el departamento de Bolívar fue uno de los epicentros del conflicto en la región Caribe. Su forma ahusada es delimitada hacia el oriente por el río Magdalena, al suroccidente por el río Cauca, mientras al sur se levanta la Serranía de San Lucas al norte está la de San Jacinto. Así el sur del departamento está influenciado por la dinámica del Magdalena Medio, con alta concentración de cultivos ilícitos desde 1986, y el norte está permeado por los flujos del contrabando y el narcotráfico hacia el mar Caribe (Observatorio, 2007a, p. 2).

El grupo armado ilegal⁴ ELN incursionó desde 1972 en el sur de Bolívar, municipio de San Pablo, expandiéndose en las siguientes décadas a costa de la extorsión y el secuestro, siendo 1997 el momento de su mayor actividad. El grupo ERP, una fracción de aquel, actuó en el centro de Bolívar, municipio de Carmen de Bolívar, entre 1996 y hasta 2007 cuando se desmovilizó. Por su parte, desde 1998, se manifestó la expansión del grupo ilegal FARC a costa de promover el cultivo y tráfico de coca, pero en una zona más extensa que incluía municipios como Codazzi, La Paz, Pailitas (Cesar), Carmen de Bolívar y Sincelejo (Sucre), hasta Dibulla (Guajira). Además de extenderse hacia el Zulia venezolano, donde algunos de sus miembros se resguardaban.

Mientras en la Serranía de San Lucas, una zona de influencia tradicional de los grupos armados ilegales, sus exacciones se han basado en la economía del oro y la conexión con los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Cesar y Santander (Aparicio, 2015b, p. 11). Por esa misma época, entre 1999 y 2001, aquellos grupos vieron disputada su influencia en el sur de Bolívar con el mayor protagonismo de las autodefensas ilegales.⁵

Tampoco en el departamento de Sucre fueron importantes los cultivos ¡lícitos, sino algunas zonas que han facilitado su tráfico y la ubicación de los grupos ilegales. Entre estas, la zona de Montes de María (o Serranía de San Jacinto) compartida con Bolívar. A costa de los movimientos de reivindicación de tierras, en la década de 1980, tuvieron presencia varios grupos armados ilegales. Luego de desmovilizarse los más pequeños en 1993, su lugar fue ocupado por los vigentes hasta hoy. Aunque las autodefensas ilegales previamente adquirieron predios, solo después de 1996 se presentaron como organización política y, desde entonces, intensificaron sus exacciones contra la población en la disputa con los grupos armados ilegales (Observatorio, 2007b, p. A). En suma, los primeros grupos mencionados se resguardaron en las zonas altas de Montes de María mientras las autodefensas lo hicieron en la zona costera (Golfo de Morrosquillo) y en los cascos urbanos.

En la Sierra Nevada, con la intensificación de la delincuencia que dejó la bonanza de la marihuana, ya en 1987 los grupos armados ilegales fungían como autoridad local. Su influencia afectó sobre la vertiente occidental (ej. Ciénaga) a comunidades indígenas Arhuaco, Kogui y Arsario; sobre la vertiente suroriental a comunidades Kogui y Kankuamo. Sobre la misma vertiente suroriental (erg. Valledupar), los grupos ilegales actuaban contra las empresas mineras en la Jagua de Ibirico. Sus exacciones alcanzaban a los municipios que rodean la Sierra, se extendían por la Serranía del Perijá hasta Venezuela, así que entre 1986 y 2000 el 39% de sus ataques se enfocaron sobre la infraestructura regional y solo 18% contra la Fuerza Pública.

En la Sierra Nevada un 35% de acciones de los grupos ilegales fue para responder contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública. No obstante, para 2001, ante la sistematicidad de esos grupos para atacar poblaciones la Policía había abandonado todos sus puestos en la Sierra (Observatorio, 2001, pp. 6-7).

Sobre la vertiente norte de la Sierra (ej. Riohacha), y desde 1981, las autodefensas ilegales habían consolidado el control de los cultivos ilícitos en El Mamey y Palmor (Ciénaga). Desde entonces sostuvieron enfrentamientos con los grupos ilegales que intentaban desalojarlos de allí. Hacia el 2000, con otras autodefensas del departamento del Magdalena coincidían en cercara los grupos ilegales en la Sierra, las serranías de San Lucas y del Perijá, sin evidenciar nexos con las autodefensas ilegales de Córdoba. Para 2005 la influencia de las autodefensas ilegales de Córdoba y Urabá era un hecho en los municipios alrededor de la Sierra y en sus estribaciones, mientras los grupos armados ilegales se refugiaban en las zonas altas (Observatorio, 2005a, p. 12).

En la Guajira las autodefensas ilegales se consolidaron sobre un objetivo económico, no de retaliación, como lo fue en el resto del Caribe. Desde su inicio en la década de 1980 funcionaron en alianza con los narcotraficantes con proyección sobre Venezuela y las islas del Caribe; sucesivamente controlaron la extorsión, el contrabando de gasolina y otros productos, también estimularon los conflictos entre los clanes wayuu. Al mismo tiempo forzaron el desplazamiento masivo de los indígenas hacia los núcleos urbanos del departamento, incluso con homicidios colectivos como los de Bahía Pórtete en 2004. Este conjunto de fenómenos delictivos persistió pese a la desactivación de las autodefensas en 2006 (Área de Memoria, 2009, cap. 3).

En la década de 1980, el conflicto armado en Córdoba ya atravesaba su segunda fase, la expansión de los grupos armados ilegales y el impacto del narcotráfico. Ubicado entre la costa Caribe y Antioquia, uno de los polos de desarrollo económico del país, los procesos de colonización agraria y la tradición de movimientos campesinos, habían favorecido desde la década de 1960 la presencia sucesiva de grupos armados, autodefensas ilegales y bandas criminales. Así como los indígenas Zenú y Embera, el 10% de la población del departamento, fueron los principales afectados por la dinámica del conflicto. La zona principal de ubicación de los grupos ilegales ha sido el Parque Nacional Nudo de Paramillo, que facilita la comunicación con el Chocó, Urabá, el mar Caribe, Antioquia e incluso el sur de Bolívar (Observatorio, 2009, p. 28).

En el departamento de Córdoba, entre 1985-1991 y 1997-2003, los grupos ilegales mantuvieron la iniciativa armada contra la Fuerza Pública. Estos ciclos se explican por la desactivación del grupo ilegal EPL en 1991; por la confrontación entre los grupos y autodefensas ilegales entre 1997 y 2003, hasta que estas se desactivan en 2003; así como, por la tendencia ofensiva desarrollada desde 2002 por la Fuerza Pública (Observatorio, 2009, p. 70-72).

Sin embargo, la intensidad del conflicto había llevado en 1988 al gobierno Barco a crear la Jefatura Militar en Urabá con el despliegue de blindados Cascabel y helicópteros artillados; en consonancia, en 1989 se inauguró en Montería la primera Brigada Móvil que al año siguiente realizó la ‘Operación Rastrillo’.

La confrontación entre los grupos y autodefensas ilegales no era ajena al narcotráfico. Por ello, en 1996, Estados Unidos tuvo excusa para realizar maniobras en la provincia del Darién panameño. Tales maniobras, a su vez, suscitaron un debate en el Senado de Colombia sobre una posible invasión estadounidense en Urabá. Por ello la Fuerza Aérea coordinó la vigilancia sobre la frontera con Panamá desde las bases en Barranquilla y Rionegro, haciendo presencia con aviones A-37B y OV-10. El gobierno también ordenó ubicar una corbeta de la Armada Nacional en el Golfo de Urabá (El Tiempo, 1996, Mayo 24).

Las limitaciones del vuelco estratégico

Para asegurar el espacio geográfico del Caribe inicialmente se creó, en 1977, el Grupo Aéreo del Norte con sede en Barranquilla. Este en 1979 fue elevado a Comando Aéreo de Combate al tiempo que se creó el Grupo Aéreo del Caribe (GACAR) con base en San Andrés. En consonancia, también en 1977, se comenzó a construir la base aérea de Malambo, la cual fue inaugurada en 1982. Por la misma época, allí la dotación de la Fuerza Aérea incluía: aviones estadounidenses Cessna A-37B, de apoyo de combate, y los aviones de instrucción T-37, comprados en 1969; estos dos tipos de aeronave asignados al Comando Aéreo en Barranquilla. En el resto del país se disponía de: los helicópteros UH-1H de apoyo táctico, también adquiridos en 1969 y de los cuales el país alcanzó 77 unidades; los Mirage M-5 franceses, que adquiridos en 1972 fueron sucesivamente modernizados; los primeros K-fir israelíes, se adquirieron en 1988. Tanto los M-5 y los K-fir estaban destinados a intercepción aérea, con base en Palanquero, Comando Aéreo de Combate No. 1 (El Tiempo, 1994, Noviembre 5).

Para una Brigada Móvil el factor primordial es la mayor movilidad aérea. Esto supone plena disposición de helicópteros y aviones de ala fija para apoyo de transporte o de fuego. Pero hasta entonces, todas las unidades dependían del Comando de Apoyo Aerotáctico No. 1, en Melgar (Tolima). Por ello Colombia adquirió diez helicópteros Black Hawk UH-60, 5 en 1988 y 5 en 1990, que operaría la Fuerza Aérea. Al efecto se estableció en Rionegro (Antioquia) el entonces Comando de Apoyo Aerotáctico No. 2, para ejercer control operacional hacia el norte del país y apoyar las brigadas de la Primera División (Santa Marta), como las operaciones en Magdalena Medio, costa Caribe, Bajo Cauca y Antioquia (El Tiempo, 1996, Noviembre 8; León, 1991).

Si bien un Black Hawk podía viajar entre Rionegro y Punta Gallinas (Guajira) sin necesidad de recargar combustible. Su autonomía de vuelo era de 4 horas, una limitación considerando que no contaban con sistema de abastecimiento en vuelo. Pero tenía otras ventajas: podía volar hasta 18 mil pies de altura, transportar 3 toneladas y capacidad para 20 soldados. Permitía vuelo nocturno, comunicaciones de gran alcance y estaba artillado; pese a su tamaño era silencioso facilitando las operaciones sorpresa. Sin embargo a mediados de 1993, de los diez Black Hawk uno estaba fuera de servicio, tres en reparación y solo operaban seis para apoyo a las Brigadas Móviles (El Tiempo, 1993, Junio 20).

Debe recordarse que los núcleos urbanos del Caribe han sido objeto de disputa por las bandas criminales y los grupos armados que dependen de las economías ilegales (contrabando, narcotráfico y otros tráficos ilegales) que se impulsan desde aquellos núcleos. Sin embargo, para ciudades como Barranquilla se considera marginal el dominio del narcotráfico y de los grupos armados ilegales. El narcotráfico pasó de manifestarse con los guajiros ostentosos, en la década de 1970, luego vino el auge del Cartel de la Costa y, desde 1997, el dominio por los narcotraficantes del norte del Valle. Los grupos ilegales, si acaso, se manifestaron entre 1992 y 1997, pero la aparición de las autodefensas ilegales les condujo a presencia de bajo perfil. Las autodefensas eran tradicionales en el departamento del Magdalena, luego se extendieron al Atlántico (Observatorio, 2005b).

Pero si Barranquilla fue marginal al dominio de grupos ilegales, la acción de estos no estuvo ausente. En diciembre de 1991, miembros de un grupo ilegal intentaron atacar la base de Malambo. Aunque no resultó daño alguno en los equipos de la Fuerza Aérea, si murió uno de los soldados centinelas al repeler a los atacantes. Estos huyeron en un vehículo cargado con varias bombas, el cual estalló cuando fueron ubicados luego en otro lugar de la ciudad (El Tiempo, 1991, Diciembre 30).

También la confluencia entre el sur del Cesar y los dos Santanderes comparte una evolución del conflicto no regulada por las divisiones político administrativas. Como otras zonas descritas en este artículo, comparte una caracterización geográfica donde los focos de rentas económicas (petróleo, palma de aceite, ganadería) dependen del acceso al río Magdalena, la conexión vial entre el Magdalena Medio y el Caribe, así como la conexión con la frontera venezolana. Aunque la zona fue asiento desde la década de 1960 de grupos armados ilegales, la intensidad del conflicto llevó, a comienzos de 1991, a crear la Brigada Móvil No. 2, con puesto de mando en Puerto Berrío (Antioquia). Destinada al sur del Cesar y el Magdalena Medio, además que se le dotó con nueve helicópteros de la Fuerza Aérea extraídos de otras unidades del país, pese a tener toda su dotación de personal y equipos, el mismo año de su creación no disponía de presupuesto para operar(Téllez, 1991, Marzo 24).

Esto demuestra las dificultades que tenían las Fuerzas Militares para operar. Poco después, en 1995, si bien la Fuerza Aérea contaba nueve bases aéreas en todo el país, tres de ellas albergaban los Comandos Aéreos de Combate. De nuestro interés aquí, el de Barranquea, debía ejercer presencia en el Caribe, realizar misiones de reconocimiento y contra el narcotráfico. Otras bases albergaban los dos Comandos Aéreos de Apoyo Táctico, el que interesa a la región aquí analizada, en Rionegro. Igual, de los dos Grupos Aéreos, compete a la misma región el Grupo Aéreo del Caribe; este para control del espacio marítimo y aéreo en el archipiélago de San Andrés (El Tiempo, 1995, Noviembre 8).

No obstante, en 1995, el Comando Aéreo de Combate en Barranquilla disponía de 12 aviones T-37 y un escuadrón de caza-bombarderos A-37B, con unos 22 aviones. De los T-37, en 1992, se habían recibido en Malambo 8 de estos aviones para instrucción, pero también se trataba de reforzar las misiones de patrullaje dado el incremento del tráfico aéreo ilegal sobre todo en la Alta Guajira (El Tiempo, 1995, Julio 14; 1992, Julio 15). De otra parte las virtudes del A-37B Dragonfly eran indiscutibles, ideales para conflicto interno por ser pequeño, bien camuflado y muy maniobrable; llegaron a Colombia en 1978, en 1984 y en 1989 (Guarín, 2014). Esto no evitaba otras incidencias del conflicto, como en 1990, cuando se descubrió que sobre tres pistas del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, un grupo ilegal sembró "minas explosivas" como parte de un plan para dañar los aviones A-37B que las usaban (El Tiempo, 1990, Noviembre 6).

Pero entonces, su tiempo acumulado de servicio también se reflejó en algunos accidentes: en 1991, un A-37B se estrelló en El Copey (Cesar), muriendo sus dos tripulantes. Había partido de la base de Malambo en misión de reconocimiento sobre infraestructura energética y vial entre Fundación (Magdalena) y Bucaramanga (Santander). En 1994, otro cayó al mar cuando estaba en misión de patrullaje en San Andrés. Luego, en 1996, un A-37B que retornaba de misión de vigilancia en la frontera con Panamá se estrelló al aterrizar en Malambo, muriendo sus dos tripulantes (El Tiempo, 1991, Marzo 1; 1994, Octubre 26; 1996, Junio 29).

Reiterando sobre la zona entre el sur del Cesar y los dos Santanderes, la expansión de los grupos ¡legales se dio hasta 1995 cuando la ofensiva de la Fuerza Pública llevó a algunas fracciones a guarecerse en la Serranía del Perijá. El relativo vacío dejado por esos grupos en la zona fue ocupado desde 1996 por las autodefensas ilegales. Estas comenzaron a expandirse en la región, desde Barrancabermeja, Santa Rosa y Magangué, sobre sus zonas aledañas. En tal sentido delimitaron un área segmentada del centro del país, para controlar cultivos y rutas del narcotráfico, del contrabando, así como a los gobiernos locales (Trejos, 2015b, p. 102). En el norte de Bolívar, desde 1998 hasta 2002, las autodefensas ilegales ocasionaron los más dramáticos homicidios colectivos en El Salado, Tolú-viejo, Chengue, Ovejas y Macayepo (Observatorio, 2007a, pp. 4-5).

Sin embargo el proyecto de las autodefensas ilegales para imponerse en 1998 sobre los grupos armados en la Serranía de San Lucas fracasó ante la mayor habilidad táctica de estos grupos y debido también a la presión de las Fuerzas Militares contra las autodefensas. De hecho, en agosto de 1998, la Fuerza Aérea bombardeó zonas aledañas a Montecristo, municipio del sur de Bolívar, donde las autodefensas ilegales y fracciones de los grupos armados se disputaban el control. Ante el denuncio de algunos pobladores sobre que los miembros de las autodefensas se movilizan en dos helicópteros, el gobierno ordenó a la Fuerza Aérea derribarlos (El Tiempo, 1998, Agosto 31; 1998, Noviembre 13). Mientras los grupos ilegales se guarecieron en zonas agrestes, sembrando de minas los accesos a ellas, entre 1998 y 2002, las autodefensas ilegales se ensañaron con la población civil. Con la desmovilización de estas desde 2004, los grupos ilegales intentaron recuperar su vieja influencia (Observatorio, 2005c, p. 9; 2006a, pp. 17, 22).

Camino al éxito

Sirva para este apartado una aclaración inicial sobre el derribo de aeronaves mencionado líneas arriba. Una faceta específica de la Fuerza Aérea son las misiones de interdicción aérea. Para el período y la región de interés en este artículo, de los muchos casos de interdicción todos se relacionan con el narcotráfico. Por ejemplo, en 1991, helicópteros del Comando Aéreo de Barranquilla obligaron a aterrizar en Santa Marta a una avioneta que volaba ilegalmente sobre la Guajira. No tenía plan de vuelo y su matrícula era falsa, sus tripulantes fueron detenidos. Pero la Gobernación del Magdalena devolvió la avioneta a la empresa propietaria, por lo que la Fuerza Aérea debió instaurar denuncia contra la Gobernación ante la Procuraduría (El Tiempo, 1991, Abril 14). Por lo mismo, se buscó coordinar acciones, como en 1993 cuando aviones de Fuerza Aérea y helicópteros de Policía Nacional obligaron a aterrizar un bimotor estadounidense en la Alta Guajira; o en 1996, cuando la Fuerza Aérea inició un plan coordinado con la Policía Nacional para destruir pistas ilegales en la Guajira y Llanos Orientales (El Tiempo, 1993, Marzo 15; 1996, Abril 27).

Lo cierto es que si en 1992 se detectaron 250 trazas ilegales, en 1993 estas pasaron a 600. Ante tal incremento en los vuelos ilegales, en marzo de 1994, el Ministerio de Defensa anunció que los aviones que volaran ilegalmente serían derribados. La decisión se tomó en reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, facultando a la Fuerza Aérea para interceptar y derribar tales aeronaves previa autorización expresa del comandante de la FAC e informando a la Fiscalía. Para ello se usarían los aviones K-Fir y Mirage, los radares del Centro Militar de Defensa y otros 4 radares en el resto del país (El Tiempo, 1994, Marzo 3).

Pero en mayo del mismo 1994, el gobierno Clinton suspendió la operación de sus radares en Colombia sin notificar oficialmente al gobierno colombiano. Ello se dio por el derribo de una avioneta civil en Perú, donde murió una misionera estadounidense. Tales radares eran operados por personal colombiano, mientras que el personal estadounidense solo hacía mantenimiento. En Colombia, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea declararon que el país mantendría la medida de derribar aviones considerados hostiles, dado que así no se violaba ningún tratado internacional. Luego de gestión diplomática, y estudiado el caso en el Congreso de EE. UU., en diciembre de 1994, se reactivaron los radares estadounidenses en Araracuara y Leticia (El Tiempo, 1994, Junio 2; 1994, Diciembre 7).

Solo después vinieron los cuestionamientos del gobierno Clinton contra el gobierno Samper. Tal vez por ello, a comienzos de 1995, la prensa estadounidense denunció que San Andrés era plataforma del narcotráfico. Al efecto respondió un vocero del Grupo Aéreo del Caribe, subrayando que el espacio aéreo estaba controlado por un radar en Hill Top (San Andrés), cuya información recibían simultáneamente los gobiernos de Colombia y EE. UU. También recordó que el aeropuerto de las islas era controlado por la Infantería de Aviación, dependiente de la Fuerza Aérea (El Tiempo, 1995, Enero 12).

El mencionado Centro Militar de Defensa Aérea, otra dependencia de la Fuerza Aérea, era el responsable de controlar el espacio aéreo, recibir la información de los radares militares y civiles, así como la proveniente de los aviones plataforma de EE. UU. y los aviones interceptores de la Fuerza Aérea. Vale recordar que los primeros radares militares se instalaron en 1990, en aras de perseguir al narcotráfico; con el mismo fin en 1998 se instalaron dos nuevos. Con información como esa también en 1998, aviones AT-37 y OV-10 del Comando Aéreo de Barranquilla derribaron una avioneta que ingresó ilegalmente al país proveniente de Centroamérica. El aparato, que cayó cerca a El Banco (Magdalena), ya había viajado al sur de Colombia y regresado con un cargamento de droga (El Tiempo, 1997, Noviembre 8; 1998, Mayo 13). Los OV-10 fueron donados en 1991 por Estados Unidos a Colombia, 22 aviones para apoyo a las fuerzas de superficie y misiones de observación.

La mejora en la seguridad de la región Caribe fue resultado, ya desde 2002, de la ofensiva de las Fuerzas Militares contra los grupos armados ilegales. En la Sierra Nevada de Santa Marta, además de instalarse Batallones de Alta Montaña (No. 5 y No. 6), se cumplieron sucesivas operaciones (Flamante, Mercurio, Mariscal, Feroz Nicaragua, Ocaso, Monserrate, Firmeza), para debilitar a aquellos grupos. La fracción más debilitada fue la auto-numerada 19, la de mayor influencia en el departamento del Magdalena. Con la captura en 2010 de su principal cabecilla alias'Emel', se frustró la recuperación del grupo ilegal en la zona (Trejos, 2016, p. 366).

Los reductos de los grupos armados se vieron relegados a la Serranía del Perijá, frontera con Venezuela, solo realizando ataques esporádicos contra la Fuerza Pública en la Guajira y también contra la infraestructura carbonífera de la Drummond. Lo anterior llevó a la afirmación "que en la Costa Caribe colombiana el posconflicto se debió iniciar en el año 2010" (Trejos, 2015a, p. 9), aunque ahora se multiplicaron las bandas criminales ligadas al narcotráfico en Cesar, Magdalena y la Guajira.

Los motivos por los cuales los grupos armados ilegales atacaban infraestructura de la Drummond no serían solo por su condición de empresa estadounidense, sino por el control que ejerce sobre el departamento del Cesary la misma extracción de carbón. Con presencia en Colombia desde 1986, la empresa dispone de su propio ferrocarril, puerto sobre el mar Caribe, controla el 87% de las zonas carboníferas y el 70% de las exportaciones de aquel departamento (Romero, 2015, p. 27); es decir, era una fuente de rentas para las exacciones de los grupos armados ¡legales. Desde 1995, cuando empezó la extracción de carbón de La Loma (entre Chiriguaná y la Jagua de Ibirico), el ferrocarril fue objeto de ataques por un grupo y en 2000 ya competían dos grupos por extorsionar a la empresa carbonera (Observatorio, 2005a, p. 57).

No obstante, fueron los desafíos a la seguridad en el Caribe los que llevaron en 2004 a la creación del Comando Conjunto del Caribe. Es de aclarar que como tal es un organismo militar que reúne componentes de las tres fuerzas militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), exige un mando unificado y una sinergia completa (CGFM, 2005, p. 23). Dicho Comando con jurisdicción sobre diez departamentos (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre), disponía de parte del Ejército de las Divisiones Primera (Santa Marta) y Séptima (Medellin); de la Armada la Fuerza Naval del Caribe, el Comando Específico de San Andrés y la Primera Brigada de Infantería de Marina; de la Fuerza Aérea los Comandos de Combate 3 (Malambo), el 5 (Rionegro) y el Grupo Aéreo del Caribe.

En la Sierra Nevada de Santa Marta la acción de la Fuerza Pública logró debilitar a los grupos ilegales e impedir su acceso a las zonas planas. Pero mantuvo alguna desventaja táctica dada la ubicación de aquellos grupos en las zonas altas, como las condiciones frecuentes de lluvia y nubosidad en la Sierra dificultaban el apoyo aéreo (Observatorio, 2005a, p. 58-59). De allí la funcionalidad del Batallón de Alta Montaña inaugurado en 2004 en Fundación (Magdalena), para cortar las rutas de los grupos ilegales. Esto sin olvidar los programas dirigidos por el Centro de Acción Integral de la Presidencia para beneficio de los municipios de El Copey, Pueblo Bello y Valledupar (Cesar); Dibulla y San Juan(Guajira); Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta (Magdalena).

En conjunto, la seguridad comenzó a mejorar en función de una política integral. Como se menciona en otra parte de este artículo, el departamento de Bolívar fue uno de los epicentros del conflicto en la región Caribe. Pero la instauración, ente 2002 y 2003, de la Zona de Rehabilitación y Consolidación en Montes de María hizo que la Fuerza Pública restaurara su autoridad (Observatorio, 2006b, p. 4). El programa 'soldados de mi pueblo' no fue un simple incremento de tropas, sino un mensaje a la población de que las Fuerzas Militares permanecerían; al tiempo se liberaron las unidades de contraguerrilla para desarrollar más acciones ofensivas. La misma activación en 2004 del Comando Conjunto del Caribe, proporcionó a la Infantería de Marina apoyo de las demás Fuerzas; hasta entonces la zona de Montes de María estaba asignada a esa fuerza. Por supuesto, desde 2003, los acuerdos para desactivar las autodefensas ilegales también favorecieron una mayor seguridad para la población.

El Comando Conjunto del Caribe, entre otras operaciones contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico, obtuvo en 2006 la captura del cabecilla alias 'El Zorro'; en 2007 coadyuvó a la fuga del político Fernando Araujo, quien llevaba seis años secuestrado por el grupo ilegal. Ese mismo año desarrolló las sucesivas fases de la 'Operación Alcatraz', la última la 'Operación Aromo' donde fue neutralizado alias 'M. Caballero'. El sucesor de este, fue neutralizado a los pocos meses, en 2008, así como los cabecillas alias 'Pollo Isra' y 'Ediver' (Herrera, 2009, pp. 42-43); sobre las operaciones 'Alcatraz’ y ‘Aromo’ nos referimos en un próximo artículo.

En la región Caribe de Colombia, entre 2002 y 2012, las operaciones de la Fuerza Pública llevaron a que el grupo ilegal FARC se redujera de 1.200 integrantes a 428, repartidos en cinco fracciones. En particular la Fuerza Pública debilitó la presencia del grupo en la Serranía de San Lucas y en los Montes de María. Así que la fracción 35 que azotaba a Ovejas, Colosó y San Jacinto, se redujo hasta fusionarse con la fracción 37 ubicada en el municipio de Montecristo (Bolívar). Igual con las fracciones que azotaban el Magdalena y el Cesar. El bloque que coordinaba aquellas fracciones intentó infructuosamente recuperar influencia sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Pero, con la ‘Operación San Jorge’, los efectivos de la Primera Brigada debilitaron la fracción 19 que azotaba a San Pedro, San Javier, Palmor y Santa Clara, sobre la Sierra Nevada de Santa Marta (Iguarán, 2012, Marzo).

Conclusiones

Este artículo describió el contexto del conflicto armado en el Caribe colombiano que incidió en las operaciones de la Fuerza Aérea entre las décadas de 1980 a 2000. Descripción necesaria porque, aparte de la variedad geográfica de la región, para que la Fuerza Aérea garantice la soberanía allí es necesario comprender la complejidad del desafío donde se intersectan factores internacionales, nacionales, el conflicto armado y la criminalidad. Para cumplir dicho objetivo el artículo describió tres procesos.

En el primero se mencionó que en el Caribe, el departamento de Bolívar fue uno de los epicentros del conflicto. Inició con la expansión de los grupos armados ilegales, grupos que promovieron exacciones contra la población y se lucraron de las economías ilícitas. Luego, una situación que llegaron a disputar los grupos de autodefensa ilegales en varias zonas de la región, pero que se hizo más evidente en el departamento de Córdoba. En conjunto, y también por la misma confrontación entre ellos, los grupos armados lograron imponer su iniciativa contra la Fuerza Pública. Con la creación de una Jefatura Militar en Urabá y la activación en 1989 de la primera Brigada Móvil, comenzó a revertirse la situación.

En un segundo proceso se describió como la Fuerza Aérea a fines de la década de 1970 mejoró su despliegue en el Caribe, tanto para control de los espacios aéreos y marítimos de la región, como para dar apoyo aerotáctico a las fuerzas militares de superficie y combatir el narcotráfico. Una mejora sustancial incluyó, desde 1988, la adquisición de helicópteros Black Hawk, como la activación de una nueva base aérea en Rionegro (Antioquia) y el refuerzo con más aviones A-37B para la base de Malambo. Esta base y una pista auxiliar en San Pablo, fueron blanco de ataques por los grupos ilegales; igual que por el tiempo acumulado de servicio tres A-37B se accidentaron con muerte de sus tripulaciones.

Un tercer proceso describió como la Fuerza Aérea logró reducir los vuelos ilegales del narcotráfico, pese a que la operación de radares fue suspendida temporalmente por el gobierno de EE. UU. Posteriormente se amplió el número de radares, se reforzó la interdicción aérea y se intensificaron las operaciones contra los grupos armados. Con la creación del Comando Conjunto del Caribe, desde 2004, se evidenció la mejora sustancial en la seguridad de la región; en parte, porque se lograron reducir los grupos armados a partir de la neutralización de sus cabecillas.

Estos procesos descritos permiten concluir que la Fuerza Aérea cumplió un papel importante para reducir las exacciones de los grupos armados ilegales en el Caribe colombiano. En particular cumpliendo una gama de misiones más diversas que las de otras fuerzas, incluidas el dominio de los espacios aéreos y marítimos, la interdicción aérea, el apoyo aerotáctico y, finalmente, como componente decisivo en las operaciones conjuntas que neutralizaron a los cabecillas de aquellos grupos. De allí la necesidad de analizar las operaciones que en el Caribe confirman el papel diferenciado y decisorio que cumplió la Fuerza Aérea en esa región, entre otras, como las operaciones “Alcatraz” y “Aromo”.

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