http://dx.doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.496

Artículo
CIENCIA Y PODER AÉREO 11(1): 154-163, 2016

El Estado colombiano y las bandas criminales¹

O Estado colombiano e as bandas criminais²

The Colombian State AndThe Criminal Gangs³

Liliana María Perico Aranzazu⁴
Escuela Superior de Guerra

Recibido: 30/06/2015
Aprobado evaluador Interno: 30/08/2016
Aprobado evaluador externo: 15/09/2016

Para citar este artículo:

Perico, L. (2017). El Estado colombiano y las bandas criminales. Ciencia y Poder Aéreo, 11 (1), 154-163. Doi: http://dx.doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.496

Resumen: este artículo busca demostrar el Impacto e injerencia generada por las Bandas Criminales (BACRIM) a nivel nacional e internacional, con el objetivo de proponer una reestructuración de los roles y funciones de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional de Colombia, lo cual permitirá debilitar y neutralizar el accionar delictivo de este tipo de organizaciones criminales. Para ello, se identifica el surgimiento de las BACRIM posterior a los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de Autodefensas Unidas de Colombia, de las cuales heredaron su accionar delictivo, enfocándose principalmente en el narcotráfico, extorsión, y la implementación de nuevos mecanismos de financiación como la extracción ilícita de yacimientos mineros, lo que representa un serio problema para la seguridad nacional y regional. La modalidad delictiva de estas bandas han evolucionado hasta consolidarse en organizaciones criminales con mando y control territorial dentro y fuera del país, sería oportuno modificar la doctrina militar, en razón al actual proceso de trasformación de las Fuerzas Militares, lo cual permitiría la preservación de la soberanía del territorio nacional, convirtiéndolos en garantes de la seguridad externa del país, mientras que la Policía Nacional deberá aumentar su capacidad de despliegue y maniobra, enfocándose exclusivamente en la seguridad interna. Lo anterior, con el fin de evitar que en un escenario de posconflicto, los desmovilizados hagan parte de la delincuencia común y de bandas criminales. Por lo tanto, es Importante garantizar que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional estén preparadas y entrenadas para hacer frente a los nuevos fenómenos como las BACRIM.

Resumo: este artigo procura demonstrar o impacto e ingerência gerada pelas Bandas Criminais (BACRIM) no nivel nacional e internacional, com o alvo de propor uma reestruturação das funções das Forças Militares e da Policia Nacional da Colômbia, o que vai permitir debilitar e neutralizar as ações delinquenciais deste tipo de organizações criminais. Para isto, identifica-se o nascimento das BACRIM, logo depois dos processos de desarmamento, desmobilização e reinserção dos grupos de Autodefesas Unidas da Colômbia, das quais herdaram seu agir delinquencial, se focando principalmente no narcotráfico, extorsão e a implementação de novos mecanismos de financiamento como a extração ilegal de jazidas mineiras, o que representam um sério problema para a segurança nacional e regional. A modalidade delinquencial destas bandas tem evoluído até se consolidar em organizações criminais com mando e controle territorial dentro e fora do pais, seria ótimo modificar a doutrina militar, devido a o processo atual de transformação das forças militares, o que iria permitir a preservação da soberania do territorio nacional, virando eles em garantes da segurança externa do pais, enquanto que a Policia Nacional deverá aumentar sua capacidade de dispersão e manobra, se focando exclusivamente na segurança interna. O anterior com o fim de evitar que num senário de pós-conflito, os desmobilizados façam parte da delinqüência comum e de bandas criminais. é por isto que é importante garantir que as Forças Militares e a Policia Nacional estejam preparadas e treinadas para combater os novos fenômenos como as BACRIM.

Abstract: This article seeks to demónstrate the impact and interference generated by the Criminal Gangs (BACRIM) at national and international levels, with the aim of proposing a restructur-ing ofthe roles and functlons ofthe Military Forces and the Colombian National Pólice, which wlll weaken and neutralize the criminal actlons ofthls type of criminal organizations.To this end, the emergence ofthe BACRIM is identlfied after the processes ofdlsarmament, demobilization and relnsertlon ofthe United Self-Defense Groups of Colombia, from which they inherited their criminal actlons, focuslng malnly in drug trafficklng, extortlon and the implementatlon of new financlng mechanlsms such as the iIlegal extractlon of mlnlng deposlts, which represents a serl-ous problem for national and regional securlty.The criminal modallty ofthese gangs has evolved to the polnt of belng Consolidated into criminal organlzatlons wlth territorial control inslde and outslde the country. It would be approprlate to modlfy the military doctrine accordlng to the actual process oftransformatlon ofthe Military Forces, which would allowthe preservaron ofthe soverelgnty ofthe national terrltory, maklng them guarantors ofthe country's externai securlty, whlle the National Pólice must increase their capaclty for deployment and maneuver, focuslng excluslvely on internal securlty. The above, in order to avold that in a post confiict scenarlo, the demoblllzed are part ofthe common crlme and criminal gangs. It is therefore importanttoensure that the Military Forces and the National Pólice are prepared and tralned to deal wlth new phe-nomena such as the BACRIM.

Introducción

Teniendo en cuenta que el siguiente artículo es objeto de análisis de un fenómeno que enfrenta actualmente la sociedad colombiana, resulta imperante resaltar que el resultado del mismo permitió dar claridad a esta coyuntura. Asimismo, brinda sugerencias frente a las actuaciones que deberían tener el Estado y sus instituciones. Para ello, resulta importante darle claridad a los objetivos planteados; en primer lugar se busca demostrar el impacto e injerencia generada por las Bandas Criminales a nivel nacional, y así proponer una reestructuración funciones de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional de Colombia, lo anterior coadyuvará en el debilitamiento y neutralización de su accionar delictivo.

Para ello, se identificará el surgimiento de las Bandas Criminales posterior a los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de Autodefensas Unidas de Colombia, describiendo la problemática actual que se presenta con las Bandas Criminales, describiendo su rol actual en Colombia y el impacto que tienen frente al conflicto armado Colombiano. El presente artículo se centra en identificar los alcances de las Bandas Criminales (BACRIM) toda vez que la evolución del conflicto en Colombia y la creación de nuevos actores que lo generan, ha ocasionado que los entes estatales. Es decir, las Fuerzas Militares y la policía Nacional estén desarrollando operaciones contraviniendo sus funciones constitucionales para las cuales han sido creadas, para ello en necesario efectuar un estudio al interior para poder definir claramente los roles que a futuro deberán desempeñar los entes estatales teniendo en cuenta una posible proliferación de Bandas Criminales con ocasión a las disidencias de las Farc que no se sometan al acuerdo de paz vigente.

Las Bandas Criminales surgieron debido a la falta de eficacia y eficiencia en el proceso de desarme, desmovilización y reinserción efectuada a los grupos de autodefensas propuesto por el gobierno colombiano de la época. Lo anterior, según las estadísticas y a las noticias que a diario son de opinión pública, arrojan que las Bandas Criminales hoy en día son los grandes perpetradores de las violaciones a los derechos humanos y representan una amenaza inminente a la seguridad nacional y regional por sus alcances delictivos.

Las Bandas Criminales Emergentes son varias organizaciones desplegadas por algunos de los departamentos de Colombia que la conforman miembros que en algún momento fueron de las autodefensas que no se desmovilizaron y quedaron en el limbo ya que sus comandantes se fueron desmovilizando, y su principal razón de ser es cuidar las rutas del narcotráfico. Sus miembros no son cabezas visibles y no funcionan propiamente como unidades por lo que se hace más difícil su identificación, asimismo ya que su finalidad principal es defender su negocio ilícito de las drogas cualquier sector de la población es un blanco lo que en ultimas dificulta a la fuerza pública combatirlas.

Justificación

El estudio y desarrollo del presente artículo surgió ante la evidente lucha que emprendieron los organismos de seguridad del estado contra las Bandas Criminales cuyo fenómeno delincuencial ha obligado a utilizar métodos de guerra en el marco del Derecho Internacional Humanitario sin el soporte jurídico nacional e internacional para combatirlas, por no estar caracterizadas como grupos armados en los términos de la legislación internacional, el método utilizado se sustenta en un proceso de investigación con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y documental basado en un arduo trabajo que se inicio en el año de 2012 elaborando productos previos al trabajo final como un anteproyecto, balance bibliográfico, estado del arte hasta culminar con este articulo de investigación.

Las Bandas Criminales en el contexto colombiano

El término "Bacrim"no es una simple denominación impuesta por la prensa ni por los analistas especializados en temas de seguridad, es una definición que las mismas autoridades militares y de policía le dieron a la conformación de nuevos grupos criminales en el año 2006, cuando se conformó bajo la responsabilidad de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional la Oficina de Coordinación Interinstitucional e Información que articuló los procesos de inteligencia, operativos y de confrontación contra estas organizaciones ilegales. Según se dijo en su momento, esta nueva dependencia apoyaría el trabajo de la Policía Nacional, el Ejército y el DAS para hacerle frente a esa nueva expresión de violencia" (Restrepo, 2009).

El fenómeno de las Bandas Criminales Emergentes es, sin lugar a duda, una secuela de la existencia de las AUC, aunque también se nutre de otros modelos de delincuencia común. Sin embargo, es necesario identificar con precisión las coincidencias entre estas dos organizaciones, las semejanzas y distancias, para delimitar con claridad si existen diferencias notables entre una y otra (Sánchez, 2011) Puede decirse que las Bandas Criminales recogen estructuras básicas de las autodefensas como el modo de operar, presencia de algunos cabecillas que no se desmovilizaron, así como también, cuenta con personal dedicado al negocio del narcotráfico y claras intenciones de actuar al margen de la ley.

El Gobierno Nacional mediante el Decreto 4748 del 23 de diciembre de 2010, denominó al antiguo Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, como el Consejo de Seguridad Nacional, con la función principal de asesorar al Presidente de la República en materia de Seguridad Nacional. En este sentido, El 7 de febrero de 2011 se llevó a cabo la primera reunión por parte de este Consejo, en donde el tema a tratar fueron las bandas criminales, donde se concluyó que era necesario crear e impartir políticas a nivel nacional para luchar contra el flagelo de las bandas criminales, a través del apoyo interlnstltucio-nal para la captura y judicialización de los Integrantes de estas organizaciones criminales; de igual manera, determinó que las bandas criminales no son grupos al margen de la Ley lo que excluye su caracterización como grupos armados organizados en los términos de la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2012, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, motivo por el cual deben ser enfrentadas con el marco de los Derechos Humanos (Presidencia de la República, 2011).

Las Bandas Criminales dedicadas al negocio del narcotráfico se constituyen en organizaciones de carácter multl-dellctlvo, carentes de tipología criminal contralnsurgente, política o Ideológica, lo que no las enmarca como un movimiento nacional, sino por el contrario, son organizaciones desplegadas hacia zonas donde convergen las fases del narcotráfico, llegando Incluso a consolidar alianzas con grupos terroristas (FARC y ELN) y con organizaciones delin-cuenciales, con el propósito de dinamizar el tráfico de drogas, armas y el lavado de activos (Policía Nacional, 2010).

Años anteriores a la consolidación del proceso de desmovilización, ya se hablaba de algunos desmovilizados que se reagruparon para promover acciones bélicas e infundir terror, como las águilas negras", "los rastrojos","nueva generación""los traquetos""los paisas"," bloque nevada" entre otros, quienes se fueron expandiendo por todas las regiones del país.

Las anteriores organizaciones criminales han sufrido un proceso de transformación durante los últimos años, teniendo mayor presencia y fuerza en el territorio nacional. A pesar de ser poderosas por su estructura y recursos, su base económica se encuentra constituida por narcotráfico y diferentes actividades ilegales. Las Bandas Criminales no tienen aplicación del Derecho Internacional Humanitario y son consideradas por algunos de bajo perfil, urbanas y con estructuras en su mayoría no militares. Sin embargo, se ha hecho evidente que su actividad es jerarquizada, sistemática y que obedecen a estructuras claramente definidas, las cuales buscan ejercer control territorial (Colombia Opina, 2014).

Por ello, el accionar delictivo de las Bandas Criminales ha permitido la internacionalización e interconexión con redes del crimen organizado transnacional, las cuales buscan ocupar espacios estratégicos, que les permitan aumentar su capital económico, producto de la inestabilidad política y social de algunos países de la región, la permeabilización de las fronteras como principales rutas de tráfico y la ausencia estatal y/o policial; en Colombia las bandas criminales tenido tres objetivos:1) La adquisición de armas y tecnología; 2) La expansión y reinversión de las utilidades; 3) El ejercicio de la violencia fuera de las fronteras; por lo que es necesario diseñar una estrategia integral que permita combatirlas y atacarlas de forma estructural (Rico, 2013).

El perfil mafioso de sus cabecillas, implicó la integración de las fases del narcotráfico bajo la coordinación de las estructuras con mayor capacidad, donde por la convergencia de intereses se concretaron alianzas con otros grupos armados ilegales, especialmente en zonas donde se focalizan las fases de cultivo, producción y rutas de salida de estupefacientes a través de fronteras y puertos.

Algunos países latinoamericanos juegan un papel importante en la distribución de la mercancía hacia los diferentes continentes, que de una u otra manera existe una interrelación para el manejo y funcionamiento de las organizaciones criminales alrededor del mundo. Prieto (2012) afirma que Venezuela es catalogada como el principal punto de tránsito para el transporte de cocaína a Estados Unidos y el mercado Europeo, además de un punto de contrabando de gasolina en América Latina. El grupo de "Los Rastrojos"es una de del bandas criminales con mayor presencia en el territorio vecino, desde donde se coordina la ruta del narcotráfico con los carteles mexicanos.

De igual manera, Ecuador es un importante centro de envío de droga y lavado de activos hacia América Central. En este territorio hacen presencia en mayor cantidad el grupo de los Rastrojos y las águilas Negras.

Por otro lado, en México los carteles son quienes controlan la mayoría de las rutas de la cocaína en su mayoría a Estados Unidos. Los Rastrojos y Los Urabeños distribuyen y surten de cocaína al Cartel de Sinaloa y a los Zetas. En el Perú las bandas criminales han sufrido una evolución importante, en temas referentes como el tráfico de estupefacientes se puede decir que este país es un productor potencial de cocaína pura (Prieto, 2012).

Las Bandas Criminales contextualizan dos (2) modalidades criminales dentro de su comportamiento armado: 1) componentes estructurales (art 29, autores y art 30.

Participes, del código penal); que comprenden grupos de integrantes particularmente sobre zonas rurales, portando armas de guerra (art. 2535 de 1993) y con capacidad para custodiar y disputar zonas estratégicas del narcotráfico, y 2) las redes criminales; las cuales si bien no surgen con la banda, tienen elementos dispersos que simultáneamente pertenecen a otros grupos, han sido absorbidos o financiados directamente por la organización (outsourcing criminal), con el fin de que incidan en la comisión de homicidios, extorsiones y complementen la actividad criminal a través de rutas y contactos nacionales e internacionales para el tráfico de drogas y armas (Policia Nacional, 2010).

Ante la compleja situación que enfrenta el País con la formación de estas Bandas Criminales ha llevado a que organismos internacionales como la OEA y Organizaciones No Gubernamentales rindan informes de prevención sobre la conformación de estos grupos y la flagrante vulneración a los Derechos Humanos, lo que pone al Estado en entredicho a nivel internacional en el cumplimiento de sus políticas relacionadas en este campo. Con una eventual disidencia de miembros de las FARC con ocasión al proceso de paz y el acuerdo, preocupa la aparición y despliegue de estos grupos delincuenciales que no solo disputan el narcotráfico, si no otros negocios ilegales como secuestro, extorsión; entre otros, y que van en procura de expandir sus negocios ilícitos más allá de las fronteras colombianas.

La expansión fronteriza que ha adoptado las bandas criminales, es determinante dentro del desarrollo como organización criminal; la estrategia está basada como lo denomina Rico (2013), en una expansión mafiosa donde la siembra de los cultivos de cocaína tiene lugar en los departamentos fronterizos terrestres como es el ejemplo de Táchira, Mérida y Zulia en Venezuela.

En este contexto, se analiza que las Bandas Criminales, no sólo tienen presencia física en Colombia sino en varios regiones alrededor del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe y por tanto su presencia física en el ámbito internacional representa una amenaza en tres escenarios según Rico (2013): 1) En los territorios fronterizos aumentando los niveles de pobreza, inseguridad, violencia y control social; 2) En escenarios urbanos en donde hacen presencia sus redes de narcotráfico; 3) Contra los diferentes tipos de población, en su mayoría las destratarías que trafican armas y drogas. Tarea difícil de afrontar por las autoridades colombianas teniendo en cuenta la misión constitucional y doctrina militar.

Como si los delitos anteriormente descritos no fueran suficiente, a Finales del 2012 según la prensa y los informes de las diferentes entidades no gubernamentales, las Bandas Criminales empezaron a interesarse por la explotación ilícita de yacimientos mineros; así mismo para nadie es un misterio que esta nueva modalidad de crimen organizado usa los países vecinos como refugio para desarrollar operaciones y oficinas para controlar a distancia sus redes (Vanguardia, 2012). Como ejemplo de lo anterior, está el Loco Barrera quien tenía propiedades de negocios en España y una célula actuando para él en Venezuela, sobre el particular su imagen empezó a aparecer cuando se le comenzó a ver en la zona de distención en el gobierno de Andrés Pastrana. Según informes de inteligencia se estableció que este era un negociante de cocaína y sus negocios los tenía con las FARC, después de las desmovilizaciones se volvió en un narcotraficante quien lideraba el grupo ERPAC (Ejercito Revolucionario Popular Antiosuversivo de Colombia) anterior banda criminal emergente.

El delito como forma de vida, la conformación de nuevos grupos criminales, principalmente del narcotráfico, que financia las diversas actividades delictivas, es la base para la conformación de estas bandas criminales. Desde la clandestinidad, delincuentes comunes y algunos desmovilizados, se agruparon para promover acciones bélicas e infundir terror en la población, expandiendo su influencia a nivel urbano y rural, utilizando dos factores desestabilizadores como son el narcotráfico y la violencia indiscrimina-da.Todas estas actividades ilícitas que demandan el uso de la fuerza y generan violencia, son practicadas en casi todo territorio nacional.

Lo particular de esta amenaza, es que algunas de las Bandas Criminales pueden ser caracterizadas como grupos armados organizados por tener mando responsable, ejercer control sobre alguna parte del territorio donde desarrollan operaciones militares y sostenidas, pero existen otras bandas criminales que al estudiarlas simplemente son grupos delictivos organizados que actúan con el proposito de comoter uno o mas delitos graves con miras a obtener un beneficio económico. De allí, se desprende la compleja situación que enfrentan los organismos de seguridad e inteligencia estatales, al tratar de identifocar la existencia de grupos delictivos organizados o de grupos armados organizados.

Generación de nuevos actores de violencia en el postconflicto

Colombia es el país latinoamericano que más tiempo lleva en conflicto armado, durante más de cincuenta años ha enfrentado una situación compleja donde los horrores de la guerra y los grupos contra los cuales ha luchado, ha obligado a combinar acciones políticas y militares, que generaron un gran número de víctimas entre población civil y combatientes Impidiendo el acceso a las políticas públicas ofrecidas por el Estado. La violencia, el desempleo, el secuestro, la pobreza, los desplazamientos forzados entre otros, se han arraigado cada vez más en la sociedad colombiana debido a la forma de actuar y a los atagues gue han cometido los grupos guerrilleros.

El actual acuerdo de paz suscrito con las Fuerzas Armadas Revolucionarlas de Colombia y el Gobierno Nacional, que ha sido implementado por la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones, podrá tener como consecuencia un conflicto social que no permitiría una buena convivencia entre ciudadanos y desmovilizados, ya que, las víctimas de la violencia llenos de rencor y semillas de odio posiblemente no aceptarán las disposiciones de que trata la ley mencionada. De otra parte, existen actualmente miembros de las Farc que se han declarado en absoluta discrepancia con lo acordado en la habana lo que posiblemente generará la existencia de grupos paralelos con suficiente poder para convertirse en Bandas Criminales.

De Igual manera, las Fuerzas Militares de cara al proceso de paz y al acuerdo firmado, inielaron un proceso de transformación al Interior, replanteando las fundones que hoyen día están desarrollando.

Ante la ausenda de políticas públicas como consecuencia de los acuerdos firmados, y a la falta de garantías al personal desmovilizado el país podría enfrentar, una vez más la creadón de Bandas Criminales conformadas por miembros de las FARC que no se acogieron a los acuerdos o que se acogieron pero la falta de garantías judiciales, sociales y rechazo de la sociedad, los obligarán a retomar su labor delincuencia! pero bajo otros principios y fines, bien sea control de territorio o beneficios económicos.

Es necesario iniciar con la reconstrucción de una sociedad que fue afectada por varias décadas, fomentando actividades de sensibilización (a través de acción social u otros organismos con fundones similares), atención humanitaria a las víctimas del conflicto, retorno a sus pueblos, apoyo a las poblaciones desplazadas, y demás actividades que permitan reinsertar a la vida civil al personal desmovilizado y su aceptación por parte de la población civil.

Restrepo (2003) afirma que:

Los procesos sociales de tolerancia, perdón y reconciliación entre los ciudadanos y desmovilizados son Importantes para generar un ambiente de paz fomentando y consolidación de la vida civil, serán procesos de transformación largos, teniendo en cuenta que es difícil para una víctima de la violencia dejar a un lado el rencor hada aquellas personas que mataron a su familia y le hicieron perder todo y compartir diariamente los mismos espacios en lugares públicos, centros de educación y demás (p.8).

Analizando el proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción en las Autodefensas Colombianas durante el periodo de gobierno de álvaro Uribe Vélez se evidenció la carencia de una planeación en el proceso, ya que el marco jurídico no fue acorde a la realidad y no se tuvo en cuenta durante el periodo de diálogos la totalidad de los sectores, si no únicamente a los cabecillas de la organización. Un segundo aspecto fue la escasa presencia de los organismos internacionales que validaran el cese al fuego, el desarmey el trabajo con las comunidades afectadas. Como tercer aspecto se tiene el escaso acompañamiento de instituciones y organizaciones expertas en el tema, las cuales hubieran aportado una idea clara de los planes y las acciones que se iban a implementar al inido, medio y fin del proceso (Espinal, Alberto & Valencia, 2008).

La falta de planeación, la ausencia de presencia de organismos nacionales e internacionales que avalaran el proceso de desarme y la jurisdicción aplicada al personal desmovilizado sin acompañamiento social y económico, permitió la proliferación y conformación de las Bandas Criminales en el titulo anterior definidas. Con el acuerdo de paz firmado, es obligación del Estado crear políticas y llneamientos que permitan exigir la dejación, y la entrega de armas y reinserción a la vida civil para garantizar la seguridad de todos los Colombianos; así mismo el Estado Colombiano deberá adelantar los trámites necesarios para implementar y desarrollar una verdadera justicia translclonal, como es la de enfocar su mirada hada las víctimas y su reparación.

Para que esto suceda, los miembros de las Farc deberán Incorporarse a los programas de reinserción a la vida civil; recibir asistencia psicológica y brindarles oportunidades de empleo y estudio que permitan capacitarlos en actividades diferentes a las que desempeñaban cuando pertenecían al grupo armado ilegal. Para ello la Agencia Colombiana para la Reintegración jugará un papel significativo generando oportunidades laborales de la mano de empresas privadas que se unan a la labor.

La ausencia de políticas publicas permitiría que nuevos grupos se rearmen y deseen volver a delinquir formando Bandas Criminales buscando sobrevivir al margen de la ley.Las partes involucradas en el conflicto (Gobierno y Farc, y próximamente Gobierno y ELN), deben cumplir el compromiso adquirido con la firma de los acuerdos teniendo como pilar fundamental el respeto de los derechos humanos, la tolerancia mutua la actitud de reconciliación y reinserción.

Posterior a la firma de los acuerdos se dio inicio a la implementación de la justicia transicional que según el Centro Internacional para la Justicia Transicional (2014), la define como un "conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales." La protección de los derechos humanos es fundamental, por tal razón, la justicia transicional supone la adopción de mecanismos basados en tres principios fundamentales: el derecho a la verdad, alcanzándola de manera individual y colectiva por medio de la creación de Comisiones de la Verdad; el derecho a la Justicia, que consiste en tomar acciones penales contra los responsables de los crímenes cometidos; y el derecho a la reparación, que debe hacerse de una forma integral con aspectos como restitución, indemnización y rehabilitación (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2014 párr. 1).

El Gobierno tiene una tarea importante y trascendental frente a la implementación de la justicia transicional con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz medida creada para contribuir al logro de la paz estable y duradera con garantías de no repetición y otorgando seguridad jurídica y la satisfacción de los derechos de las víctimas, cuya fallida implementación fomentaría la proliferación de nuevas Bandas Criminales. Por ello, se espera que el desacertado proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia sea tenido en cuenta y se tome como una lección aprendida para el Gobierno, sus instituciones y en general para todos los sectores involucrados en el cumplimiento de los acuerdos de paz.

El papel de las Fuerzas Militares y Policía Nacional contra las BACRIM

Los nuevos escenarios en el conflicto, los medios y métodos de guerra empleados, así como los nuevos fenómenos delincuenciales como las Bandas Criminales, imponen retos al gobierno sobre la aplicación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario con ocasión al acuerdo de paz suscrito en la Habana.

Debe existir un compromiso que incluya a los diversos organismos del Estado, para ejercer presión y acción represiva, administrativa y organizacional sobre los desmovilizados, y de tal manera evitar un proceso de reinserción. Del mismo modo, es de vital importancia contar con un recurso humano profesionalizado que permita contrarrestar la expansión de las bandas criminales que actualmente están conformadas y que podrían tener más fuerza e influencia con la firma de la paz (Sánchez, 2014).

En lo que atañe a las funciones propias de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en primer lugar es importante aclarar que la defensa y promoción de los Derechos Humanos corresponde a todos. Sin embargo, a las Fuerzas Armadas se les entrega el uso legítimo de las armas para defender en todo tiempo y lugar, la vida, honra y bienes de una comunidad, esta comunidad depone al estado su capacidad de defensa a fin de que este asuma el monopolio de uso de la violencia física legitima (Escobar, 2011).

A las Fuerzas Militares le corresponde de acuerdo a la Constitución Nacional la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, de ello se desprende que tiene el deber constitucional de garantizar la soberanía y el orden constitucional y la preservación del monopolio del uso de la fuerza y las armas en manos del Estado (Responsabilidad en Derechos Humanos, 2001).

Los miembros de las Fuerzas Militares desde su misma creación han sido formados, entrenados y equipados para desarrollar operaciones bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario, su doctrina plasmada en los manuales fue creada bajo este marco cumpliendo los estándares internacionales con miras a atacar objetivos militares definidos que hacen parte de grupos armados organizados y no contra delincuencia común o los llamados grupos organizados delictivos, como son las Bandas Crimínales catalogadas así por el Gobierno Nacional. "Replantear la posición que ha asumido para enfrentar a las Bandas Criminales, ya que las Fuerzas Militares están llamadas a apoyar la obligación de prevenir, disuadiry contenertodo tipo de violencia, su concepto debe ser tenido en cuenta al momento de diseñar una estrategia"(Mejía, 2012, p. 5)

Aunado a lo anterior, es importante analizar que las armas y municiones que poseen las Fuerzas Militares tienen plena aplicación y seguimiento del derecho Internacional Humanitario, esta Fuerza Militar, está dotada de armamento y munición que los tratados internacionales autorizan utilizar previa la aplicación a los principios del DIH como son el de humanidad, distinción, precaución, proporcionalidad. El uso de la fuerza en el marco del Derecho internacional Humanitario legitima a las Fuerzas Militares para emplearla en procura de debilitar al enemigo (Aguilera Quintero, 2009), mientras que en el marco de los derechos Humanos las Fuerzas Militares están totalmente deslegitimlzadas para acudir al uso de la Fuerza a menos que obedezca a una situación netamente generada por a legítima defensa.

La doctrina militar fue definida bajo el concepto o concepción de un enemigo diferente al enemigo actual y las futuras amenazas que se generen como consecuencia de un fallido proceso de desmovilización de miembros de las FARC, teniendo en cuenta el campo militar, el carácter de conflicto asimétrico, las concepciones de seguridad nacional, las funciones específicas en condiciones de conflicto armado irregular, entre otros, demanda formular la pregunta de ¿cuál sería el papel de las Fuerzas Militares durante la implementación y desarrollo del acuerdo de paz firmado con las FARC y frente a las Bandas Criminales que surjan o se fortalezcan?

Es un hecho que por más que se alcancen acuerdos con las Farc en la Habana - Cuba, muchos de los integrantes y estructuras de este, pasarán a conformar otras organizaciones criminales tales como las BACRIM, o a engrandecer a las ya existentes para mantener el negocio ilícito del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos conexos a éstos, con los cuales se mantuvieron monetariamente (Colombia Opina, 2014).

Ante una evidente proliferación de Bandas Criminales y la ausencia de políticas Institucionales integrales para atacar este fenómeno delincuencia!, Colombia podría verse envuelta en un problema más complejo que el que enfrentaba con las FARC, por ello y aunque el señor Presidente de la República en reiteradas oportunidades ha manifestado que las Fuerzas Militares no se verían afectadas como consecuencia del acuerdo de paz, actualmente las mismas se encuentran en un proceso de transformación que deberá Incluir modificaciones de tipo estructural, doctrinal y operacional debido a las nuevas amenazas Internas y externas que cobijen el uso de la Fuerza contra las Bandas Criminales o por el contrario no atacarlas de acuerdo a su naturaleza.

De igual manera, las Fuerzas Militares juegan un papel importante en el postconflicto a través de un esfuerzo no armado que podría significativamente evitar la proliferación del fenómeno de las bandas criminales, ejerciendo acciones unificadas y llevando la oferta estatal a sitios donde anteriormente existía conflicto armado y ausencia de los organismos estatales, priorizando las necesidades básicas de los ciudadanos y apoyando los programas asociados a la rehabilitación y reconstrucción del país permitiendo el desarrollo socioeconómico.

Según Rettberg (2002) es indispensable replantear la organización de las Fuerzas Militares y una nueva estrategia de seguridad paralela a la realidad política y social del postconflicto, esto sería ajustar el gasto en defensa y seguridad buscando soluciones para instituciones que resultaran sobre dimensionadas del postconflicto, como resultado del conflicto que ha existido por tanto tiempo.

Por su parte, a la Policía Nacional se le otorga constitucionalmente el deber del mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz; es decir su función está encaminada a mantener y garantizar el orden público interno y la convivencia pacífica del país. Se le impuso el deber de proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que este deriva, a través de la conservación del orden público como resultado de la prevención y la eliminación de las perturbaciones de la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y la moralidad públicas (Acción de Reparación Directa, 2013).

Sin embargo, debido a la evolución del conflicto y la misma necesidad planteada por el gobierno, igualmente se le ha ordenado ejercer operaciones militares en el marco del Derecho Internacional Humanitario, sin contar con la preparación, experiencia o doctrina que les permita funcionar positivamente, y desempeñando un rol nuevo, y ajeno a sus funciones para las cuales fue creado. La Policía Nacional "es una institución armada de naturaleza civil que no cuenta con una formación estructural, profunda y contextualizada acerca del Derecho Internacional Humanitario" (Mejía, 2012).

La Policía Nacional debería contemplar la posibilidad de efectuar una transformación al interior que permita mayor cobertura y eficacia para ocuparse de la delincuencia común o grupos organizados delincuenciales que posiblemente surjan de los grupos disidentes de las FARC que no apoyan los acuerdos de paz.

Adicionalmente, sería necesario "desarrollar un programa de creación de confianza entre Ejército, la Fuerza Pública y los ciudadanos con el fin de reemplazar las estrategias de red cooperantes de la sociedad civil por un programa de fortalecimiento de la justicia" (Obregón, 2014). Durante la última década el gasto militar de Colombia ha ido en aumento llegado a ser uno de los más altos de América Latina y el mundo; este aumento ha estado enfocado en el incremento de pie de fuerza, equipo militar de última tecnología y armamento con el fin de atacar el objetivo militar definido. Sin embargo, también esta inversión requiere un nuevo planteamiento por los nuevos retos que se van a generar con el Acuerdo de Paz. No será suficiente el uso exclusivo de la fuerza sin la realización de reformas estructurales que permitan superar la pobreza, el desempleo, la inequidad social que permitan hablar de una paz estable y duradera. Todos los cambios deben ser evidentes y tangibles en materia de Seguridad y Defensa que eviten el surgimiento de delincuencia organizada.

Para Carlos Medina Gallego, integrante del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa (GISDE), del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia "Es claro que las Fuerzas Armadas no pueden continuar con una política contra insurgentes y hay que comenzar a pensar en un Ejército y Policía sin guerra. Su papel será vital para la pacificación del país."Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de la Fuerza Pública y de la Policía es la reducción de sus uniformados y de su presupuesto en un nuevo escenario de posconflicto.

Es un hecho que las Fuerzas Militares van a tener un cambio estructural, pero es incierto el rumbo que pueda llegar a tener en el escenario de postconflicto. Algunos analistas como Jhon Marulanda citado en periódico electrónico Colprensa (2013), que el día que se logre la paz absoluta habrá necesidad de mirar el papel institucional de las Fuerzas Militares."Obviamente, habrá que hacer una restructuración porque desaparecida la amenaza, las cosas cambiarían. El día que se firmen los acuerdos, la amenaza no desaparece; se mantiene latente. Entonces necesitamos unas Fuerzas Militares y una Policía mucho más fuertes, con mejores recursos, con mejores medios para ejercer el control que se requiere a fin de evitar que se vuelva a repetir este tipo de agresiones"(Colprensa 2013 Párr. 5)

El Ejército Nacional de Colombia actualmente a través del Comando de Transformación del Ejército del Futuro (COTEF), ha planteado una reacomodación del potencial humano y tecnológico, lo cual permitirá reasignar tareas en obras públicas y de infraestructura a los ingenieros militares; asimismo, reacomodará tareas de apoyo en temas de economía internacional, comercio exterior, tratados de libre comercio, entre otros al personal militar que tenga estudios en dichas áreas.

En suma, el potencial humano podrá ser utilizado al servicio del desarrollo del país como es el académico, ofreciendo a otros países su amplio conocimiento en la lucha contra la insurgencia y contra el narcotráfico, pues se ha venido convirtiendo en entrenadora e intercambiadora de experiencias (Colprensa, 2013). Ejemplo de lo anterior, ha sido la conformación del CREES (Centro Regional de Estudios Estratégicos en Segundad) en el que se ha puesto a disposición de otros países los estudios no solo del país, también de los diferentes conflictos asimétricos que se han presentado a través de los últimos años y una proyección de los diferentes escenarios de postconflicto. Sin embargo, es imperante una reforma doctrinal que vaya enfocada a posibles amenazas futuras que requieran cambios significativos en el teatro de operaciones y en el comportamiento de los actores.

Es posible que con el tiempo la Policía Nacional realmente sea la única encargada de los problemas internos del país, lo que quiere decir que dicha organización deberá encargarse también de las bandas criminales como grupos organizados delincuenciales, ya que estas han venido consolidando un estrecha relación con las Farc y el ELN. Sin embargo, existe la posibilidad que debido al nivel de hostilidades y a la organización de las estructuras armadas de los nuevos fenómenos delincuenciales, sea necesario acudir nuevamente al apoyo interinstitucional entre la Policía y las Fuerzas Militares con miras a combatirlas y neutralizarlas dentro del marco del DIH cuando su actuar pueda caracterizarse como un Grupo Armado Organizado.

Conclusiones

Existen factores internos y externos que obligan a la amenaza a transformarse buscando su supervivencia ante los organismos de defensa de la nación. En efecto, las bandas criminales son el resultado de organizaciones de constituciones diversas, con patrones asimétricos, combinando diferentes tipos de delitos amparados en vacíos jurídicos que le facilitan su actuar delictivo. No obstante, los contundentes y recientes resultados contra las organizaciones criminales que a la luz pública han causado una gran impresión positiva, no son más que la guerra que cada una de las agencias de segundad del Estado libran en sus áreas de responsabilidad. Entregar públicamente los procedimientos de inteligencia empleados, permite a estas bandas mejorar en su organización y forma de delinquir, haciendo más compleja la acción de la Fuerza Pública, en especial al Ejército Nacional sobre estas bandas.

Las Bandas Criminales en Colombia han experimentado una transformación grande a través de los últimos años, que desde el proceso de reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el 2008, encontraron como herencia una amplia dimensión de criminalidad generadas por las alianzas nacionales e internacionales para el tráfico de droga, armas pequeñas y ligeras, tecnología y violencia. Lo complejo de estas organizaciones es la imposibilidad de identificar y caracterizar su actuar, ya que algunas veces desarrollan operaciones con miras a tener un control territorial bajo un mando organizado y otras veces desarrollan actividades únicamente para recibir un provecho económico directo o indirecto, lo que dificulta a la Fuerza pública decidir su denominación y marco jurídico aplicable al momento de utilizar la Fuerza.

Se resalta que las Bandas Criminales representan una gran amenaza para Colombia y para la región, debido al impacto social y económico que generan los delitos cometidos. Para la comisión de sus delitos requiere el traspaso de fronteras y falta de gobernabilidad regional y fronteriza, factores que han venido facilitando la delincuencia y los nexos entre las organizaciones internacionales delincuenciales.

Es evidente la necesidad imperiosa de estructurar estrategias y procedimientos para evitar al máximo que los desmovilizados comiencen a hacer parte de la delincuencia organizada y conformen bandas criminales por la ausencia de políticas públicas y falta de cumplimiento de los acuerdos de paz. Evitar el surgimiento o fortalecimiento de las Bandas Criminales es tarea del Estado y de las Fuerzas Militares, quienes de manera conjunta con la Policía Nacional, deben mantener el trabajo interinstitucional generando una fuerza de combate en contra de estas organizaciones. Para ello, se debe pensar en una trasformación doctrinal, un nuevo estudio y replanteamiento de la política y estrategia que permita desarrollar operaciones militares conjuntas en contra de este fenómeno sin dejar de lado la misión constitucional de cada una de estas Fuerzas armadas y de policía.

Debido a que las Bandas Criminales y las FARC tenían un objetivo común como es el negocio del narcotráfico, en el escenario del postacuerdo de paz puede llegar a traer más violencia, más inseguridad entre las organizaciones delincuenciales internas que persiguen este mismo objetivo. Lo que nos obliga que en un futuro y cuando el Estado colombiano a través de sus Fuerzas Militares deje de utilizar métodos de guerra enmarcados dentro del DIH contra las Bandas Criminales, la Policía Nacional se encuentre fortalecida, preparada y autosuficiente para cumplir su misión institucional de garantizar la paz, el orden y la soberanía de la Nación, entre otras con capacidad autónoma de atacar el fenómeno delincuencia! de las Bandas Criminales.

¹ Artículo de reflexión producto del proyecto de investigación "el Estado y las Bandas Criminales", presentado como requisito de grado para la Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra del Comando General de las Fuerzas Militares.
² Artigo de reflexão como resultado do projeto de pesquisa “o Estado e as Bandas Criminais", apresentado como requerimento de formatura para a maestría em Direitos Humanos e Direito Internacional dos Conflitos Armados da Escola Superior de Guerra do Comando Geral das Forças Militares.
³ Reflection article as a result of de research project "The State and the Criminal Gongs", presented as a degree requirement for the Master's degree in Human Riglits and International Law ofArmed confiict of the Colombian War College ofthe General Command ofthe Military Forces.
⁴ Abogada de la Universidad Sergio Arboleda, Especialista en Estudios Políticos de la misma Universidad, Docente de la Escuela de Armas y Servicios. Correo electrónico: planx14@hotmail.com

Referencias

Acción de Reparación Directa, 25087 (Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo 30 de enero de 2013).

Aguilera Quintero, J. y. (2009). hoja de ruta del Ejército Nacional. Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitoa-rio, 197.

Centro Internacional para la Justicia Transicional. (2014) ¿Qué es la JusticiaTransicional? Recuperado el 19 de mayo del 2015 de http://ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional?gclid=CTY-_HP8r4CFSYV7AodO1AAdQ.

Colombia Opina. (Diciembre 11,2014). Necesidad de aplicación de normas del DIH en lucha contra las BACRIM. [Web post]. Recuperado el 20 de mayo del 2015 de https://colombiaopina.wordpress.com/2014/12/11/necesidad-de-aplicacion-de-normasdel-dih-en-lucha-contra-las-bacrim/

Colprensa. (Mayo 03,2013). Aún es Incierto el papel de las FFMM en el Postconflicto. El Nuevo Día. Recuperado el 29 de mayo del 2015 de http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/180860-aun-esiniciert o-el-papel-de-lasffmm-en-el-postconflicto

Consejo de Seguridad Nacional. (07 de febrero de 2011). El Espectador. Obtenido de El Espectador: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/consejo-nacional-de-seguridad-video-249439

Espinal, A., Alberto, M., & Valencia Agudelo, G. D. (2008). Balance del proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín. Estudios Políticos, 33,11 -34

Escobar, G. L (2011). Legitimidad de las Fuerzas Militares como garante de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Estudios de Seguridad y Defensa, 18-23.

Konrad Adenauser Stlftung (17 de junio del 2013). Escenarios prospectivos de la seguridad en Colombia frente al proceso de paz. Recuperado el 20 de mayo del 2015 de http://www.kas.de/ kolumbien/es/publications/34733

Mejía, J. C. (2012). Derecho déla Guerra. Bogotá: Equlon.

Presidencia de la República. (2011). Consejo de Seguridad Nacional.

Prieto, C. A. (2012). Bandas criminales en Colombla:¿amenaza a la seguridad regional? Revista Opera (12), 181-204. Recuperado el 20 de mayo del 2015 de http://poseidon01.ssrn. com/delivery.php?ID=2181250680211512411409402 8083 10001010308206102000506308610108912701312711310 01120781231181001200501041121130750941130160130 96020059005039077088127106103112076084111026009-