Fronteras porosas: la minería ilegal y el narcotráfico como amenazas latentes a la seguridad

Fronteiras porosas mineração ilegal e tráfico de drogas como ameaças latentes à segurança2
Porous Borders : illegal Mining and Drug Trafficking as Latent Threats to Security3

Diana Isabel Ocampo Rodríguez⁴

Recibido: 02/10/2015
Aprobado evaluador interno: 23/10/2015
Aprobado evaluador externo: 23/11/2015

Resumen

El crimen transnacional se ha consolidado como una amenaza latente para la seguridad del Estado colombiano y de otros países de la región demandando acciones estratégicas por parte de la fuerza pública que vayan más allá de las operaciones conjuntas y coordinadas exigiendo, por su capacidad y dinamismo, que se actúe bajo un marco de interoperabilidad. En este sentido, se da a conocer un análisis descriptivo de dos de las principales amenazas transnacionales que afectan algunos países latinoamericanos y un planteamiento de la autora sobre cuál debe ser la estrategia para enfrentar este tipo de desafíos. El presente artículo de reflexión se desarrolla en tres fases con un enfoque de investigación cualitativo y de tipo de revisión documental descriptiva y propositiva. La primera corresponde a un análisis sobre la evolución del concepto de seguridad y el crimen transnacional, la segunda al estudio del caso específico del narcotráfico y la minería ilegal, y la tercera a las recomendaciones que se plantean con el fin de evidenciar por qué se debe hacer frente de manera coordinada y bajo un marco de cooperación e integración entre los Estados.

Palabras claves: crimen transnacional; estrategia; FF. MM; interoperabilidad; narcotráfico; minería ilegal.

Resumo

O crime transnacional tornou-se uma ameaça latente para a segurança do Estado Colombiano e de outros países da região, pedindo ações estratégicas por parte da força publica além das operações conjuntas coordenadas e exigindo por sua capacidade e dinamismo, a ação dentro de uma estrutura de interoperabilidade. Neste sentido, a pesquisa fornece uma análise descritiva das dois principais ameaças transnacionais que afetam alguns países latino-americanos e uma abordagem da autora sobre a estratégia para lidar com esses desafios. Este documento de reflexão está dividido em três fases, com um enfoque em pesquisa qualitativa e de revisão documental, descritiva e propositiva. A primeira é uma análise da evolução do conceito de segurança e criminalidade transnacional, a segunda, para estudar o caso específico do tráfico de drogas e de mineração ilegal, e a terceira com as recomendações que se abordam a fim de demonstrar por que eles deveriam fazer contra numa forma coordenada e num quadro de cooperação e integração entre os estados.

Palavras-chave: crime transnacional; estratégia; FFMM; interoperabilidade; O tráfico de drogas, mineração ilegal.

Abstract

Transnational crime has become a latent threat to the security of the Colombian State and other countries of the region, calling for strategic actions by the security forces that go beyond the joint coordinated operations, requiring for its capacity and dynamism, the action within a framework of interoperability. In this sense, it provides a descriptive analysis of two major transnational threats affecting some Latin American countries and an approach given by the author on the strategy on how to deal with such challenges. This reflection paper is divided into three phases with a focus on qualitative research and documentary, descriptive and purposeful review. The first phase is an analysis of the evolution of the concept of security and transnational crime, the second, studies the specific case of drug trafficking and illegal mining, and the third one shows the recommendations made in order to demonstrate why should we deal with it in a coordinated manner and within a framework of cooperation and integration between states.

Keywords: Drug Trafficking; FFMM; Interoperability; Illegal Mining; Strategy, Transnational Crime.

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¹Artículo de reflexión derivado del proyecto de investigación “desafíos y nuevos escenarios de la seguridad multidimensional en el contexto nacional, regional y hemisférico en el decenio 2015- 2025”, del grupo de Investigación “Centro de Gravedad”. Escuela Superior de Guerra. Bogotá, Colombia.
2 Artigo de reflexão derivada de projeto de pesquisa “desafios e novos cenários de segurança multidimensional em âmbito nacional, regional e hemisférica em 2015- 2020 década”. Grupo de pesquisa “Centro de Gravidade”. Escola Superior de Guerra. Bogotá Colômbia.
3 Reflection article derived from research project “challenges and new scenarios of multidimensional security at national, regional and hemispheric context in 2015- 2020 decade. Research group “Center of Gravity”. Colombian War College. Bogotá, Colombia.
4 Doctoranda en Cuestiones del Derecho Internacional; Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales; Politóloga; Becaria del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry de la Universidad de Defensa. Investigadora de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra y catedrática en la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana.

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Introduction

La seguridad ha sido siempre un elemento transversal y determinante de las relaciones internacionales y tradicionalmente ha predeterminado la configuración de la política exterior de cualquier Estado, ya que el principal énfasis ha sido y sigue siendo el de velar por los intereses nacionales. No obstante, el área de estudio de las relaciones internacionales, en cuanto a temas de seguridad, se ha ido ampliando incluyendo en la agenda temas que anteriormente se quedaban en asuntos internos.

Esta inclusión se debe a que cada vez más las amenazas rebasan lo local y traspasan a lo regional demandando la acción conjunta de los Estados. El documento se centra en el análisis del narcotráfico y la minería ilegal como dos problemáticas importantes no sólo para la débil situación de seguridad en Colombia, también para otros países de la región como Brasil, México y Perú buscando establecer que las fronteras porosas han permitido que la minería ilegal y el narcotráfico sean amenazas latentes a la seguridad.

Además, es preciso mencionar, que dada la conexión que tiene el crimen transnacional con el conflicto armado interno colombiano, mantendrá su capacidad de amenaza pese a la eventual posibilidad de que el proceso de negociación en La Habana culmine en un acuerdo de paz pues, como se evidencia más adelante, la motivación y el trasfondo es de carácter económico, y de esta manera, es evidente que aún con la desmovilización de la guerrilla u otros grupos armados ilegales, el negocio del narcotráfico seguirá siendo una amenaza local y regional.

Amenazas a la seguridad: más allá de las fronteras
El concepto tradicional de la seguridad nacional, ligado a la protección del Estado desde el actuar de las Fuerzas Militares frente a amenazas conformadas por el poder armado de otros Estados, ha migrado hacia un concepto más amplio donde se incluyen amenazas que anteriormente parecían solo afectar a algunos países dentro de su desarrollo interno. Este cambio en la concepción de la seguridad ha sido explicado desde los postulados de Barry Buzan y la Escuela de Copenhague con la teoría de la securitización.

De esta manera, en la agenda del Sistema Internacional se ha dado esa securitización de algunas amenazas que han aumentado su alcance, implicaciones y capacidades, logrando así, incluirse como determinantes en el área de seguridad de la política exterior de los Estados.

Esto se debe en parte a que la interdependencia compleja ha determinado que en las relaciones internacionales, en cuanto al centro u objeto básico de la seguridad, se haya desplazado al Estado y se hayan incluido nuevos elementos en lo que se conoce como seguridad multidimensional dando importancia a factores ligados directamente al bienestar del ser humano desde el aspecto social, económico, político, ambiental, y ciudadano entre otros (Verdes-Montenegro, 2015).

En este nuevo contexto de la seguridad, las amenazas que enfrentan los Estados no sólo están ligadas a otros Estados, también se incluyen los desafíos a la seguridad establecidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas en 2003 de la Organización de Estados Americanos, OEA, a saber:

Terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos; Pobreza extrema y exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y democracia…, erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados; los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente; la trata de personas; los ataques a la seguridad cibernética; la posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos; y la posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas (Chillier y Freeman, 2005, p. 10).

Igualmente, dentro de las denominadas nuevas amenazas, o amenazas no tradicionales se encuentra todos los crímenes relacionados al crimen transnacional. Es decir, las actividades ilícitas que, como establece la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés), no sólo son “cometidas en más de un Estado, también a aquéllas ofensas que tienen lugar en un Estado pero que son llevadas a cabo por grupos que operan en más de un Estado, así como delitos cometidos en un Estado pero que tienen un impacto substancial en otro Estado” (UNODC, 2015).

Las amenazas transnacionales superan la capacidad de los Estados y al tener implicaciones que van más allá de las fronteras nacionales tienen un carácter especial y complejo. Considerando esto, para el objeto de estudio de este documento se tomarán sólo dos tipos de crímenes dada su complejidad y su capacidad de determinar la dinámica, nacional, regional e incluso la hemisférica. Así, en la región las zonas con mayor falta de presencia estatal se conforman como espacios para que afloren los crímenes transnacionales que además al encontrarse con fronteras porosas donde hay dificultad en el control por parte de las autoridades pueden fácilmente ejercer todo tipo de delito y crear redes criminales. Dentro de los varios delitos que pueden encasillarse como crimen transnacional el narcotráfico y la minería ilegal tienen especial preponderancia ya que los dos se han consolidado como fuentes de financiamiento de diversos grupos al margen de la ley que, por supuesto, también llevan a cabo otro tipo de actos delictivos pero que encuentran en los dos mencionados el sustento económico para su subsistencia.

Narcotráfico
Para iniciar, el principal crimen transnacional que ha afectado al Estado colombiano es el narcotráfico, entendiendo éste como el “conjunto de actividades ilegales a través de las cuales se implementa la producción, transporte y comercialización de drogas psicoactivas y la constitución de un modelo organización económica y social ilegal con altísimo nivel de injerencia en los aspectos económicos y políticos de las sociedades formales” (Medina, 2012, p. 142)

Si bien el narcotráfico en algún momento pudo ser considerado únicamente como un riesgo, en este momento si debe ser considerado como una amenaza a la seguridad nacional y regional, pues pese a que no es una actividad nueva si es muy dinámica y ha sabido adaptarse a los cambios en el accionar de la fuerza pública, y a las nuevas condiciones que ha permitido la actual interdependencia regional y mundial.

De esta manera, el narcotráfico se ha consolidado como una compleja red que va desde los cultivos ilícitos, pasa por la posterior producción en laboratorios, las diferentes rutas para el tráfico interno y externo, después llega a los amplios y variados mercados de distribución y venta, y por último llega a la “legalización” de los dineros a través del lavado de activos; esta red incluye desde campesinos cultivadores hasta diferentes organizaciones y grupos al margen de la ley que “aportan” a la división de tareas y al éxito de la criminalidad transnacional.

En Colombia, la dinámica del narcotráfico ha tenido variaciones en las que disminuye o aumentan los cultivos ilícitos debido a estrategias de erradicación, de fumigación, o por la acción de la Fuerza Pública. En el Informe Censo de Cultivos de Coca de 2014 presentado en julio 2015 por la Oficina de las Naciones Unidas contras las Drogas y el Delito se reporta “un aumento del 44 % entre 2013 y 2014 en el número de hectáreas cultivadas, lo que interrumpe la tendencia a la baja que venía desde 2008” (Garzón y Wilches, 2015, párr.1). El documento también plantea un incremento del 52% en la producción con un total de 442 toneladas métricas, lo cual demuestra que sigue siendo una amenaza considerable y para la cual el Estado debe plantear estrategias que integren todos los campos de acción.

Para Colombia, la importancia de este flagelo radica que en el caso colombiano, desde la década de los ochenta, los grupos armados al margen de la ley utilizan la producción del tráfico de narcóticos como fuente de financiamiento de sus actividades ilícitas:

En cuanto a la relación que existe entre el narcotráfico y los grupos irregulares, las autodefensas en el pasado y ahora las bandas se encuentran más vinculadas a la comercialización de estupefacientes, es decir, están más interesadas en controlar las rutas y los puntos de embarque que los cultivos y laboratorios. Con todo, en el 74% del área sembrada en coca se encuentran presentes las bandas siendo más significativa la relación con Los Rastrojos y el ERPAC. En cuanto a la guerrilla, en particular las FARC, han estado más relacionadas con los cultivos, es decir, con el territorio y el procesamiento de coca hasta la pasta base o el clorhidrato de cocaína, que venden a los narcotraficantes (Echandía, 2013, p. 21).

No obstante, a que en el país la producción de cultivos ilícitos siga vigente, también se puede evidenciar que tras los efectos del Plan Colombia y de la Política de Seguridad Democrática del ex Presidente Álvaro Uribe, que lograron disminuir las trazas aéreas y marítimas del narcotráfico, se habla de un desplazamiento del narcotráfico hacia México e incluso algunos denominan el proceso como “la colombianización” del país azteca:

Algo que comienza a ser de gran preocupación en el caso mexicano es el incremento de la violencia por parte de los distintos carteles de narcotraficantes –se habla de siete grandes carteles-; en localidades como Ciudad Juárez –límite con El Paso- el nivel de muertes violentas, además de los feminicidios es verdaderamente alarmante; otro delito de gran impacto que se ha disparado en México es el secuestro. (Vargas, A. 2009, párr. 5).

Las redes del crimen transnacional en este país han llegado a conformar carteles mexicanos como el del Golfo, del Pacífico, de Juárez, o el de Sinaloa que además tienen pequeños grupos armados como “los Zetas”, “La Familia Michoacana” o el ahora conocido como “Los Caballeros Templarios” que tienen características similares a lo que en su tiempo fueron los carteles de narcotraficantes colombianos de Cali y Medellín. Más allá de esto, lo preocupante son las conexiones entre estos carteles y grupos armados haciendo que la red sea compleja y que en ella exista todo tipo de eslabones que permiten desde el cultivo hasta la distribución minorista:

Detrás del fantasma se oculta un hecho básico: existen relaciones de colaboración –en distintos niveles, con distintos propósitos– entre grupos guerrilleros y organizaciones criminales, en particular dedicadas al narcotráfico. Y eso aumenta enormemente los recursos económicos y la capacidad de fuego y de reclutamiento de las guerrillas. Ha sucedido en Colombia, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y también sucedió en Perú, con Sendero Luminoso. Si a eso se le suman la debilidad del Estado y la ineficacia del sistema de procuración de justicia, nunca está lejos la organización de grupos de autodefensa o paramilitares, incluso con la complicidad de las fuerzas de seguridad (Gonzalbo, 2009, párr. 2).

Observando esto, es posible afirmar que el narcotráfico es una amenaza dinámica a la seguridad nacional que día a día amplía sus conexiones en una red que involucra diferentes organizaciones criminales y que ha logrado expandirse desde los países cultivadores de sur américa, a México como punto eslabón en la cadena hacia los mercados en Estados Unidos y Europa, y que por su nivel de intensidad desborda las capacidades de la policía y demanda la acción coordinada con las Fuerzas Militares.

Minería ilegal
Mientras que el narcotráfico sigue siendo una amenaza dominante a la seguridad nacional y regional, otro tipo de crimen transnacional ha ido aumentando sus dimensiones y su operación en los últimos años, llegando a conformarse como una nueva fuente de financiación de los grupos criminales y al margen de la ley, este es la minería ilegal; tanto así que en el 2012 el Ministro de Ambiente colombiano, Frank Pearl, afirmó que “la minería ilegal es el nuevo narcotráfico” (Torres, 2012).

La Minería ilegal es un negocio lucrativo en el que se utilizan los recursos naturales de manera irregular y que en países como Colombia, Brasil y Perú ha ido aumentando sus redes entre bandas criminales y grupos armados que ven en esta actividad un nuevo motor para su economía. Por ejemplo, en el caso colombiano:

Solo por las ‘vacunas’ que cobran los grupos armados ilegales para permitir, por ejemplo, el uso de las retroexcavadoras, los grupos ilegales podrían estar recibiendo mensualmente entre 650 a 3.450 millones de pesos, cifra que representaría entre el 20 y el 70 por ciento del PIB minero. Según las cifras recogidas por los investigadores, la extorsión oscila entre uno y cinco millones de pesos mensuales por máquina o entable, en zonas de baja producción como el Occidente, y, hasta de 10 millones en zonas de alta producción como el Bajo Cauca y el Nordeste. (Giraldo, 2012, párr. 8).

Con esta información se evidencia que en Colombia la minería ilegal está siendo utilizada por estos grupos criminales aprovechando diferentes variables que se suman a la complejidad del asunto, tales como: recursos mineros por explotar en territorios lejanos o con poco acceso estatal; población vulnerable que ve en este tipo de trabajo una oportunidad de ingresos económicos; presencia de guerrilla, paramilitares o bandas criminales; dificultades de varias índoles para la acción de la Fuerza Pública; y finalmente, una fuerte demanda externa de los diferentes productos como el oro: “En al menos ocho departamentos el oro ya está desplazando a la coca como la principal fuente de financiación de los grupos ilegales. Esa es una de las advertencias que hace un estudio del Centro Internacional de Toledo para la Paz sobre minería ilegal en Colombia” (El Tiempo, 2012, párr.1).

La ubicación de los grupos criminales en Colombia coincide con las zonas de explotación mineral donde esta organizaciones se han provisto de todas las herramientas necesarias para la extracción y transporte, lo que implica además la existencia de redes de apoyo. Desde hace unos años las autoridades colombianas vienen denunciando que grupos como las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y diferentes bandas criminales (BACRIM) lideran este negocio criminal en el país:

En el 2010, del oro extraído, las FARC se estarían quedando con el 20% del negocio ilegal, seguida por el ELN y las bandas. El 54% de la explotación aurífera corresponde con la territorialidad de las bandas. Particularmente en Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar, Valle y Cauca la relación es muy significativa con Los Urabeños y Los Rastrajos. (…) Así mismo, están manejando sus propias excavadoras y maquinaria para la exploración minera en el bajo Cauca y el oriente antioqueño, Chocó y Nariño (Echandía, 2013, p. 21).

Se puede determinar que estos grupos tienen establecida, de alguna manera, la distribución según la zona, puesto que en las redes ilegales de la minería también existe una repartición de las tareas; así la guerrilla de las FARC aprovecha su presencia en zonas mineras y rurales donde dirigen o acompañan mediante la extorsión los procesos de extracción, y en tanto las BACRIM, a través de su influencia en cascos urbanos, se encargan de la distribución y la venta de los minerales. (Escobedo y Guío, 2015).

Sumado a la amenaza que representa el hecho de que la minería ilegal sirve como medio de financiación para otras actividades criminales de los grupos ilegales, están también las graves afectaciones que genera la minería, principalmente en estos casos que se realizan de manera indiscriminada sin cumplir ningún tipo de condiciones de protección, generando riesgos para la población por los vertimientos de mercurio: “El consumo de mercurio es uno de los temas más preocupantes alrededor de la minería ilegal, según cifras entre 1990 y 2012, en Perú se han vertido 572 toneladas de mercurio al ambiente mientras que en Colombia se han arrojado 180 toneladas” (Alianza amazonas 2030, 2015, párr. 6).

Es decir, la minería ilegal es un crimen transnacional que genera consecuencias medio ambientales que, por supuesto, no generan efectos localizados sino regionales e incluso globales:

La actividad ilegal de minerales causa grandes daños ambientales en las selvas, ríos y quebradas por la contaminación puesto que son utilizados productos de alta toxicidad requeridos para su extracción, de igual manera debido a la uso de dragas se desvían los cauces de los ríos afectado la biodiversidad de fauna y flora de estos lugares, así como la deforestación de las áreas adyacentes a estas minas. (Revista Semana, 2013)

A la complejidad de la amenaza, se suma que en Colombia no es solo el oro el mineral que se explota de manera ilegal sino también el denominado oro negro o coltán (variaciones de Columbita- Tantalita) mineral estratégico del cual Colombia tiene una reserva representativa en el mundo (Semana Sostenible, 2015), y cuya demanda mundial es muy rentable debido a “su alta conductividad y resistencia los hace útiles en trenes de levitación magnética, turbinas de aviones y reactores nucleares” (Marín, 2010).

Ahora bien, Colombia no es el único país en la región que se ve afectado por este tipo de criminalidad. Brasil y Perú han venido experimentando un crecimiento en la explotación mineral ilegal que también ha generado grandes afectaciones a la población y al medio ambiente:

El caso de Brasil, por ejemplo, la construcción de dos hidroeléctricas, cerca del área de protección ambiental del río Madeira, desplazó a la población hasta las orillas del cuerpo de agua porque con el movimiento de tierras se hizo más fácil la extracción del mineral. Otro caso importante se evidenció en Perú, en la provincia de Mano de Dios, donde ya el progresivo avance de la minería en la última década dejó como saldo más de 50.000 hectáreas de bosque amazónico deforestado (EL Tiempo, 2015, párr. 4).

Al estudiar el trasfondo del crimen transnacional, se observa como la minería ilegal, al igual que el narcotráfico, es una problemática que involucra una diversidad de factores que hacen que se dificulte su erradicación. El primero de esos factores, se envuelve en gran medida a la población civil vulnerable que no tiene acceso a otro tipo de actividad económica o que en algunos casos ven en el trabajo minero ilegal una forma “fácil” de subsistencia reportándose así, según la Organización Alianza Amazonas 2030, un alto número de adultos y niños vinculados a la minera ilegal en los países de la región:

La batuta la lleva Perú con 150 mil, seguido por Brasil con 72 mil, Bolivia con 45 mil, Colombia con 51 mil y Venezuela con 15 mil. El fenómeno del trabajo infantil en este sector ilegal rebasa los 65 mil. Se calcula que en Colombia, 214 niños trabajan en el sector, especialmente en los socavones (Alianza amazonas 2030, 2015, párr. 4).

Un segundo factor importante es que esta actividad ilícita se realiza, como ya se ha mencionado, en zonas con poca presencia estatal y en muchos casos en áreas fronterizas, donde el crimen transnacional, al desdibujar la soberanía estatal, permea y traspasa de un territorio a otro la producción minera ilegal:

Son zonas donde el problema de regulación es complicado y el oro termina moviéndose entre países, pasando de mano en mano sin control hasta que llega a ciudades como São Paulo, Bogotá o Quito. Luego termina en mercados y centros financieros de Europa, Asia y Norteamérica. Durante esta cadena de extracción y comercialización mucho de ese metal se funde con oro legal dejando sin rastro sus antecedentes ilegales”, explica Carlos Fierro, investigador del FFLA (Perú) (Cuevas, 2015, párr. 7).

Por último, el tercer factor determinante, frente a este y todo tipo de crimen transnacional, es la acción y la capacidad que pueda tener la Fuerza Pública. Considerando el carácter dinámico que tiene este tipo de amenazas en las fronteras se necesita de la acción coordinada por parte de los Estados que hasta el momento presenta aún muchas deficiencias lo que ha permitido que, por ejemplo, “el oro extraído por las cooperativas de pequeños mineros en Bolivia se comercialice a través del Perú de manera ilegal” (El Tiempo, 2015).

Acción conjunta: interoperabilidad
Siguiendo lo definido por la OEA, y bajo el planteamiento de la seguridad multidimensional es preciso reconocer que el narcotráfico y la minería ilegal generan afectaciones que van no sólo dirigidas a la seguridad de los Estados, también a la supervivencia y el bienestar del individuo. Si bien han existido políticas por parte del Estado para hacer frente, por ejemplo al narcotráfico, las amenazas gracias a su dinamismo siguen vigentes y esto se debe principalmente a que son usadas por los grupos ilegales como fuente de financiación, y siendo ésta su motivación siempre buscarán la forma de adaptarse y contrarrestar los controles de la fuerza pública.

Conociendo los resultados previos, es claro que en este momento la estrategia debe estar conformada por diferentes variables para poder atacar todos los elementos que dan las características al narcotráfico y a la minería ilegal como crimen transnacional y como amenazas a la seguridad multidimensional.

En primer lugar, desde el ámbito de la Fuerza Pública, por parte del gobierno nacional se han promulgado diferentes marcos normativos como el decreto 2235 del 2012 que dicta las condiciones para que la Policía Nacional pueda decomisar maquinaria y clausurar minas ilegales, mientras que a las Fuerzas Militares se les ha empoderado desde el artículo 103 de la ley 99 de 1993 que establece la obligatoriedad de la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales por parte de la Fuerza Pública.

También, desde la esfera regional, a través de lo establecido por la Comunidad Andina en la decisión No. 774 del 30 de julio de 2012 sobre la “Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal”, que se vincula dentro del Estado colombiano en el decreto 2235 del 2012 que da facultades a estas instituciones para “destruir maquinaria pesada y sus partes utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley”.

No obstante, siguen existiendo vacíos jurídicos que dificultan la operación por parte de las Fuerzas Militares y que por el contrario terminan yendo a favor de los criminales. Debe considerarse por parte del gobierno nacional que incluso tras la eventual firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, la acción militar y policiva no puede disminuirse y deben utilizarse todos los recursos y capacidades que van desde la formación y capacitación hasta las plataformas aéreas para hacer frente al crimen transnacional. Pero también debe protegerse a los integrantes de estos cuerpos ya que por ejemplo, en operaciones coordinadas entre las FFMM y la Policía Nacional, se han dado casos donde los helicópteros y el personal es atacado con objetos no convencionales, y en tanto que la Fuerza Pública no puede hacer uso legítimo de la fuerza, por principios de proporcionalidad, se da lugar a que los delincuentes se aprovechan de estas situaciones.

Si bien, para algunos sectores de opinión el hecho de que las Fuerzas Militares incluyan dentro de sus tareas enfrentar al crimen transnacional, es llevar a ejercer funciones de policía al Ejército, Armada y a la Fuerza Aérea, se debe tener en cuenta que estas amenazas en muchos casos superan en capacidad a la Policía Nacional y que en tanto sigan existiendo la situación de violencia y criminalidad en Colombia no va a disminuir; más aún siendo conocido que el marco nacional difiere en gran medida de otros Estados donde las Fuerzas Militares se mantienen únicamente en la protección de la soberanía y en la defensa frente a amenazas internacionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el gobierno colombiano debe preocuparse por salvaguardar jurídicamente a sus Fuerzas Militares para que tengan un marco de actuación ajustado la realidad de la amenaza que representa el crimen transnacional sin importar que sean bandas criminales quienes ejerzan este tipo de actividades. Adicional a esto, desde la Fuerza Pública deben plantearse procedimientos, doctrina y estándares conjuntos y coordinados que permitan un mejor planeamiento de las operaciones sobre todo en lo que respecta a la minería ilegal.

En cuanto a la cooperación internacional, el Estado colombiano firmó durante la Conferencia Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2012, el “Compromiso de Chapultepec: Establecimiento del esquema Hemisférico de Cooperación contra la Delincuencia Organizada Transnacional” vinculando así a la Policía Nacional. Siguiendo el precepto de este acuerdo, se crea la Comunidad de Policías de América “AMERIPOL” que viene trabajando por: “la Articulación en el intercambio de información para combatir el delito transnacional; la Simbiosis para la Prevención donde incluyen organismos como EUROPOL, INTERPOL y CLACIP; el trabajo coordinado de AMERIPOL entre los organismos de policía de los países; los proceso de capacitación y la cooperación con la OEA” (Villegas, M. 2013).

Siguiendo este ejemplo de integración, también, desde la perspectiva militar debe buscarse la interoperabilidad, entendiendo esta como “la habilidad de sistemas, unidades o fuerzas para aceptar servicios de otras Fuerzas Armadas, unidades o fuerzas. El uso de los servicios intercambiados les permite operar juntos en forma más efectiva” (Risso, 2003). La base para lograr la interoperabilidad es establecer objetivos comunes, soportados en los intereses nacionales, para así poder utilizar la capacidad y recursos de las Fuerzas Armadas de la región para hacer frente al crimen transnacional organizado en todas sus expresiones. Por supuesto se hace necesario también un marco jurídico internacional que de amparo a este tipo de operaciones.

En segundo lugar, desde el ámbito jurídico pese a que en Colombia existe una normatividad sobre los títulos mineros la mayor parte de la explotación que se realiza en el país se hace de manera ilegal y la falta de una legislación acorde a la realidad y con la severidad requerida permite de alguna manera que siga proliferando este tipo de actividades:

Perseguir a los criminales detrás de la extracción de oro enfrenta varios obstáculos. Uno es la dificultad de los operativos en lugares aislados y bajo control del crimen. La única acusación que se puede sustentar contra ellos es por cometer delitos ambientales, cuyas penas no superan los 32 meses y son excarcelables. Y aun cuando las autoridades logran llegar a las minas, a veces no tienen cómo probar ni estos delitos. Según explica la directora de la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía, Gloria Elsa Arias, se necesitan peritos que comprueben la contaminación del agua y el daño a la naturaleza y no les queda fácil recoger muestras en medio de un tiroteo con la guerrilla o las Bacrim. (Semana, 2013, párr. 24).

A la dificultad nacional en este tema, se suma la ambigüedad y falta de equivalencia que pueda existir entre la demarcación jurídica de un Estado a otro, y dado el carácter transnacional de estos crímenes es necesario que también se busque la cooperación para cuando el crimen realizado tenga repercusiones en dos o más países, y para ello, es necesaria una tipificación sobre delitos y el establecimiento de procedimiento similares o iguales entre los Estados.

En tercer lugar, desde el ámbito económico debe darse un control fiscal y un seguimiento férreo puesto que como es evidente el dinero que los grupos armados y las bandas criminales obtienen del narcotráfico y de la minería ilegal legalizan esos ingresos a través del lavado de activos. En este punto deben centrarse grandes esfuerzos pues mientras se siga dando la posibilidad de introducir a la economía los ingresos del crimen, éste seguirá existiendo y evolucionando para evadir a las autoridades.

En cuarto y último lugar, desde el ámbito social, los gobiernos de las naciones de la región que se ven afectados por el crimen transnacional deben plantear y poner en práctica políticas rurales que permitan a las personas vulnerables de esta zonas tener acceso a trabajos dignos que les reconozcan la remuneración económica necesaria para prevenir que sigan participando de actividades ilegales y también para garantizar, desde la obligación del Estado de velar por el bienestar de sus ciudadanos, que las labores a las que se dedican los campesinos no tengan consecuencias para su salud, y para el medio ambiente en el que se desarrollan, tal y como sucede con la minería ilegal.

A modo de conclusión
El crimen transnacional, particularmente el narcotráfico y la minería ilegal, se ha conformado a partir de su dinamismo como amenazas latentes a la seguridad del Estado colombiano y de otros países de la región. Además, las varias implicaciones de cada uno de estos delitos hacen que puedan determinarse como amenazas multidimensionales.

Considerando esto, la cooperación internacional basada en relaciones diplomáticas fortalecidas es vital para combatir al delito transnacional. Como se mencionó anteriormente, las redes del crimen incluyen todo tipo de organizaciones que se distribuyen las labores desde la producción hasta su distribución y comercialización. En ese sentido, es necesario que la acción de los Estados sea coordinada para enfrentar tanto a quien se dedican a sembrar la coca o a extraer el oro como a quienes lideran los mercados internacionales en Estados Unidos o Europa, pues todos son miembros de las redes ilegales transnacionales.

Así, la política exterior de los países de la región debe enfocarse en fortalecer de manera común la seguridad regional y hemisférica haciendo frente a las amenazas y buscar que se implementen programas para atacar la amenaza por todos los frentes desde lo social, jurídico, económico y por supuesto a través de la Fuerza Pública en operaciones conjuntas, coordinadas y combinadas, al interior de los Estados, y mediante al interoperabilidad para las áreas externas y fronterizas, pues ésta será la única forma de proteger del crimen transnacional a las fronteras porosas de la región.

Referencias

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